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La Fiscalía reveló que los baños del centro comercial, en el occidente de Bogotá, habrían sido utilizados como lugar clandestino para la entrega de sobornos. Entre enero y marzo de 2024, la hija del abogado Édgar Riveros Rey entregó allí varias sumas de dinero a Luis Carlos Barreto Gantivá, exsubdirector de la UNGRD. De acuerdo con la fiscal María Cristina Patiño, ese dinero terminó en manos de César Manrique, exdirector de Función Pública, como parte de las coimas pactadas para favorecer a la corporación Yapurutú con un contrato de carrotanques.
Este nuevo detalle se suma a lo expuesto horas antes en la audiencia de imputación de cargos, en la que la Fiscalía señaló que Manrique se habría apropiado de 3.000 millones de pesos en el marco de una red de corrupción estructurada dentro de la UNGRD. La red, calificada por el ente acusador como una “empresa criminal”, estaría conformada por altos funcionarios y contratistas que, en alianza con empresarios, direccionaron contratos a cambio de sobornos. El punto de partida de este entramado fue un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras, que permitió movilizar 100.000 millones de pesos, recursos con los que se ejecutaron al menos nueve contratos presuntamente amañados, cada uno con una coima pactada del 7 %.
La Fiscalía también señala al abogado Édgar Riveros Rey por haber falsificado documentos para facilitar la adjudicación de contratos a Yapurutú. En estas maniobras también habría participado su hija, Ana María Riveros, contratista de la UNGRD, quien según los investigadores jugó un rol activo en la entrega del dinero. Aunque en este caso puntual, Olmedo López no habría recibido sobornos, sí fue mencionado como parte del grupo que acordó la repartición de los beneficios ilegales.
Además de Manrique, Riveros y Barreto, el expediente incluye a otros nombres. Sonia Rocío Romero Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas de la UNGRD, están señalados de haber contribuido al direccionamiento de contratos. También aparecen Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, vinculados a la corporación Yapurutú, por su presunta participación en la apropiación indebida de recursos públicos.
La Fiscalía anunció, finalmente, que imputará cargos por lavado de activos a Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario de la Función Pública, y a Ana María Riveros Barbosa.
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