En el marco de la audiencia de imputación de cargos contra el exdirector de Función Pública, César Manrique, la Fiscalía General de la Nación reveló detalles de una red de corrupción que involucra a funcionarios, contratistas y particulares que habrían desviado millonarios recursos públicos mediante contratos direccionados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
Según la fiscal del caso, María Cristina Patiño, Manrique hizo parte de una “empresa criminal” conformada por altos funcionarios y particulares que, en alianza con empresarios, habría manipulado la adjudicación de contratos a cambio del pago de sobornos. Uno de los casos más graves señalados en la audiencia apunta a que Manrique se habría apropiado de 3.000 millones de pesos a través de un contrato direccionado a la corporación Yapurutú para la compra de carrotanques.
La Fiscalía también reveló que este esquema fue coordinado con el abogado Édgar Riveros Rey y con Luis Carlos Barreto, exsubdirector de la UNGRD, quienes se habrían encargado de ar y seleccionar a los contratistas dispuestos a pagar coimas. De acuerdo con las investigaciones, se pactó una comisión del 7 % por cada uno de los nueve contratos entregados de forma irregular.
Uno de los momentos clave de la operación habría sido una reunión realizada en la sede de la Agencia Nacional de Tierras, en la que se acordó el traslado de 100.000 millones de pesos a la UNGRD. Con esos recursos se ejecutaron los contratos bajo sospecha.
Además, la Fiscalía señala a Édgar Riveros Rey de falsificar documentos públicos y privados para favorecer a la corporación Yapurutú y logrará adjudicarse el contrato. En este hecho delictivo también habría participado su hija, Ana María Riveros, contratista de la UNGRD. Según la fiscal, de ese contrato específico recibieron dinero César Manrique y Luis Carlos Barreto, mientras que Olmedo López no habría sido parte del reparto.
Junto a los mencionados, también aparecen como involucrados Sonia Rocío Romero Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas de la UNGRD, quienes habrían participado en el direccionamiento de contratos a empresarios previamente seleccionados.
De igual manera, la Fiscalía vinculó a Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, de la corporación Yapurutú, por su presunta participación en la manipulación de los procesos contractuales y apropiación de recursos.
Finalmente, se anunció que serán imputados por lavado de activos Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario de la Función Pública, y Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD.
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