Recientemente el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso fue aceptado por laJEP tras algunas diligencias tanto públicas como reservadas en las cuales se refirió a las presuntas alianzas entre empresarios, militares y políticos con las Autodefensas.
Posteriormente se conoció que en su audiencia reservada Mancuso vinculó al expresidente Álvaro Uribe Vélez con el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la masacre del Aro.
Teniendo en cuenta que Mancuso pidió que esta información fuera reserva interpuso una tutela ante la JEP para que se le protegieran sus derechos a la vida, al debido proceso y a la integridad personal, pero además elexjefe paramilitar denunció amenazas desde que empezó su proceso de aporte a la verdad.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP respondió que es ajena a la “desafortunada filtración de la información” que motivó la tutela, pues ha tomado todas las medidas encaminadas a evitar que se filtrara la información. En cuanto a la seguridad de Mancuso, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, UIA, ordenó proteger a algunos de la familia de Mancuso y por eso aseguran que han cumplido con sus obligaciones.
“El director de la UIA solicitó ser desvinculado del presente trámite, en atención a que no ha vulnerado derecho fundamental alguno, ha adelantado los estudios de riesgo necesarios y ha adoptado las medidas de protección procedentes en favor del señor Salvatore Mancuso y de su núcleo familiar”, explicó la JEP.
La Sección de Revisión de la JEP consideró que la Sala de Definición realizó varias gestiones encaminadas a proteger la reserva de la información antes de que se filtrara y tomó otras medidas adicionales una vez esta información fue publicada. La familia de Mancuso y el exjefe paramilitar han manifestado que se encuentran en situación de riesgo después de que se conociera lo dicho por Mancuso ante la JEP, pero esta jurisdicción consideró que no se han aportado pruebas suficientes de la amenaza.
“El grupo de analistas expertos en evaluación de riesgos de seguridad y medidas de protección, concluyeron que el señor Salvatore Mancuso Gómez y su familia sienten temor ante dichas filtraciones, pero que dicho sentimiento por fortuna hasta el momento no tiene concreción en la existencia de amenazas concretas en su contra o en acciones que impliquen un incremento del riesgo para ellos. En esa medida, la existencia de las amenazas no pasa de ser una manifestación del accionante que hasta el momento no se encuentra demostrada en el trámite de la presente acción de tutela”, señaló esta jurisdicción.
Es importante aclarar que la Sección de Revisión no desconoció que Mancuso y su familia están expuestos, además, continúan evaluando las medidas de seguridad que se podrían tomar con su equipo de defensa.
“Aunque sin duda el señor Salvatore Mancuso y su familia afrontan un riesgo extraordinario preexistente, no se ha acreditado en el curso de este trámite que dicho peligro se hubiese incrementado a raíz de las filtraciones a los medios de comunicación de las diligencias reservadas, ni se ha probado la existencia de amenazas contra su vida a raíz de las mentadas filtraciones”, explicó la JEP.
La Sección de Revisión declaró improcedente la tutela interpuesta por Mancuso y su defensa.
“Al no haberse acreditado un incremento del riesgo derivado de las filtraciones, no hay razones para afirmar que existe en este caso una situación de perjuicio irremediable que habilite el juez de tutela a intervenir para conjurar el peligro inminente de afectación a un derecho fundamental”, explica la Sección.
Sin embargo, la Sección le pidió a la Unidad de Investigación y Acusación definir lo más pronto posible la solicitud de nuevas medidas de seguridad que ha solicitado el exjefe paramilitar, además, ordena acciones disciplinarias por la filtración de la información.
“Declarar improcedente la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso, la vida y la integridad personal del señor Salvatore Mancuso Gómez frente a sus pretensiones de ordenarle a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que se tomen las medidas necesarias para garantizar la reserva de la información; dar inicio a acciones disciplinarias por la filtración de información reservada; proferir un comunicado público asumiendo su responsabilidad por los daños ocasionados a partir de la filtración y elaborar un protocolo de protección de la información, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”, se leyó en la decisión de la JEP.
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