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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a seis exintegrantes del secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) por crímenes de guerra relacionados con el reclutamiento y la utilización de niñas y niños durante el conflicto armado. Los exlíderes señalados sonalias 'Timochenko', alias 'El Médico', alias 'Joaquín Gómez', Pablo Catatumbo y Carlos Antonio Lozada.
La JEP reveló que, entre 1971 y 2016, las Farc reclutaron a 18.677 menores de edad. Sin embargo, las acciones del tribunal se centran en los años entre 1996 y 2016, periodo en el que se presentó un incremento significativo en el reclutamiento forzado de niños y niñas, según la Sala encargada de la investigación.
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Los menores reclutados, según el informe de la JEP, fueron sometidos a condiciones de vida extremadamente adversas. Entre las atrocidades documentadas se encuentran torturas, malos tratos y violencias sexuales, incluyendo agresiones específicas contra niñas, así como violencias reproductivas y actos de violencia contra niños y niñas de la comunidad LGBTI. Estos hallazgos fundamentan la decisión de imputar a los exlíderes guerrilleros.
El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, destacó en una entrevista con Mañanas Blu que el reglamento de las Farc prohibía el reclutamiento de menores de 15 años, aunque permitía la vinculación de jóvenes de entre 15 y 18 años. Sin embargo, en la práctica, los reclutamientos involucraban incluso a niños de tan solo ocho años.
Ramelli explicó las razones detrás de estas infracciones a las normas internas de la guerrilla: "Era más importante la apariencia física que la verificación de la edad". Los menores que aparentaban ser más fuertes o aptos para el combate eran reclutados sin verificar su verdadera edad. Este enfoque práctico contribuyó al ingreso de menores de 15 años al conflicto. Además, se estableció un sistema de cuotas que obligaba a los frentes guerrilleros a sumar personal, lo cual intensificó el reclutamiento de niños.
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La JEP ha señalado que, si los excomandantes aceptan su responsabilidad, podrían enfrentar sanciones de cinco a ocho años. Estas no implicarían penas de cárcel, pero sí medidas restrictivas de sus derechos, como la realización de trabajos restaurativos. Esta decisión forma parte del esfuerzo por buscar justicia transicional y reparación para las víctimas del conflicto.
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