Human Rights Watch(HRW) y Robert F. Kennedy Human Rights pidieron justicia por Dilan Cruz, fallecido el 25 de noviembre de 2019 por un proyectil disparado por un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía durante una manifestación pacífica en Bogotá.
Las organizaciones presentaron una intervención ante la Corte Constitucionalpara manifestar que las instituciones del país deben respetar el derecho a la protesta pacífica, así como "garantizar investigaciones independientes e imparciales sobre el uso de la fuerza policial en contra de manifestantes", incluidos los casos de homicidios.
Cruz, de 18 años, murió por las heridas sufridas en la cabeza por el disparo de un agente del Esmad con una escopeta calibre 12 cuya munición era una bolsa con "múltiples perdigones de plomo", según un informe forense que consideró el caso como "homicidio" violento.
La muerte del joven, ocurrida durante el paro nacional de 2019 contra las políticas económicas del Gobierno y la violencia, ha motivado múltiples protestas en contra de la brutalidad policial y la impunidad en su caso, así como a favor de las manifestaciones pacíficas.
Impunidad en la justicia militar
El caso de Cruz fue remitido por el Consejo Superior de la Judicatura a la Justicia Penal Militar donde, según advirtieron las organizaciones "ha habido pocos, si es que algún, progreso".
"La Justicia Penal Militar en Colombia no garantiza investigaciones independientes e imparciales sobre violaciones de derechos humanos y no debería tratar el caso de Dilan Cruz", señaló Kerry Kennedy, presidenta de Robert F. Kennedy Human Rights, citada en un comunicado.
Kennedy manifestó que "las autoridades colombianas deben transferir el proceso a la justicia ordinaria y garantizar que la familia de Cruz obtenga la justicia que merece", pues en el proceso ningún oficial ha sido imputado por su muerte.
"La Corte Constitucional de Colombia debe enviar un mensaje claro de que los oficiales que participen en violaciones de derechos humanos serán investigados, procesados y castigados", señaló por su parte el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
HRW ha advertido que en varios casos la Policía "empleó la fuerza de manera excesiva contra los manifestantes, incluidos casos de golpizas y detenciones arbitrarias", como el de Javier Ordóñez, que murió en septiembre pasado luego de ser sometido brutalmente por dos patrulleros de la Policía que descargaron de manera prolongada sobre él una pistola eléctrica táser durante su arresto en Bogotá.
"En la práctica, la impunidad en estos abusos permite que las violaciones de derechos humanos continúen", advirtióVivanco.
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