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Después de su aprobación en el Congreso de la República y la promulgación por parte del presidente Gustavo Petro del Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia, potencia mundial de la vida", la Federación Nacional de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra uno de sus artículos.
Se trata del artículo 97 de la Ley 2294 de 2023, el cual establece lo siguiente: "Artículo 97° - afiliación de las entidades públicas al sistema general de riesgos laborales. Con el fin de fortalecer el sistema de aseguramiento público, de cara a la incorporación de nuevas poblaciones de la comunidad en general, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, todas las entidades y corporaciones públicas se afiliarán a la a de riesgos laborales de carácter público, Positiva Compañía de Seguros S.A, o quien haga sus veces. Las entidades y corporaciones públicas que actualmente se encuentran afiliadas a as de riesgos laborales de carácter privado podrán mantener su afiliación hasta que se complete el plazo de los contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Vencido el plazo contractual, todas las entidades y corporaciones públicas deberán afiliarse a la a de riesgos laborales pública".
En la demanda presentada por Fasecoldaante el alto tribunal, de 68 páginas de extensión, se argumenta que dicho artículo no guarda una conexión directa e inmediata con los programas y proyectos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, no satisface los requisitos constitucionales para restringir el derecho a la libre competencia y otorga a la ARL Positiva un trato diferencial injustificado en relación con las ARL de naturaleza probada.
El documento, firmado por Gustavo Enrique Morales Cobo, presidente ejecutivo de Fasecolda, solicita a la Corte Constitucional que declare inexequible este artículo y que, mientras se estudia la demanda, se adopten medidas cautelares.
Durante el debate en el Congreso de la República, Fasecolda advirtió sobre un "monopolio estatal" debido al mencionado artículo del Plan Nacional de Desarrollo que fue aprobado en el Congreso.
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