Demandan el decreto que suspendió las operaciones militares contra las disidencias de ‘Calarca’
El exministro de Justicia, Wilson Ruiz, presentó una demanda ante el Consejo de Estado, argumentando que el decreto viola derechos fundamentales y facilita el rearme de grupos armados ilegales.
Una demanda de nulidad por inconstitucionalidad fue interpuesta contra el Decreto 448 del 17 de abril de 2025, expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la norma suspendió las operaciones militares ofensivas y las acciones especiales de la Policía Nacional contra las estructuras del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc-EP.
La acción judicial fue presentada por el exministro de Justicia Wilson Ruiz, quien argumenta que el Decreto vulnera múltiples artículos de la Constitución Política, el Derecho Internacional Humanitario y tratados internacionales ratificados por Colombia.
Según Ruiz, la medida adoptada por el Ejecutivo se dio un día después de anunciarse el fin del cese al fuego bilateral, y sin establecer zonas de concentración, verificación internacional o mecanismos de protección para la población civil.
“Este decreto deja a las comunidades a merced de un grupo armado activo, facilitando el rearme y la expansión territorial del EMC-Farc”, indicó el exminjusticia.
Blu Radio - AFP
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La demanda también señala como ejemplo trágico la emboscada del 3 de mayo en Guaviare, donde murieron siete militares en un ataque atribuido al EMC-Farc, pese a la suspensión de operaciones, para Ruiz, esto evidencia los efectos contraproducentes de una norma que según afirma debilita la autoridad del Estado y expone a la población civil.
Además de solicitar la nulidad del decreto, el exministro pidió al Consejo de Estado decretar su suspensión provisional, argumentando que se configura un riesgo inminente para la seguridad nacional y los derechos humanos en zonas vulnerables como Catatumbo, Caquetá y Putumayo.
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En este mismo caso en semanas anteriores, la Procuraduría le pregunta al Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, si existe la posibilidad de revocar el decreto que suspende operaciones ofensivas contra las disidencias de 'Calarcá' tras la emboscada en la que fueron asesinados 7 militares en Guaviare.
Advirtió la Procuraduría en aquel momento que este acto violento puede constituir un incumplimiento de los compromisos adquiridos por ese grupo en la mesa de negociación.