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Los hechos ocurrieron en Buenaventura, Valle del Cauca, donde los condenados retuvieron a una mujer durante 14 horas, acusándola de haberles robado 70 millones de pesos, durante el cautiverio, la víctima fue sometida a golpes, agresiones verbales e incluso la mutilación de un dedo en un intento de obtener información.
Pero allí no pararon las torturas por parte de estos dos hombres, ya que luego fue llevada a su casa, donde continuaron las amenazas, esta vez dirigidas a su familia.
La Corte destacó que la violencia ejercida por los procesados no puede considerarse un acto justificado bajo el pretexto de ira, ya que su accionar no respondió a un estado de obnubilación emocional, y que, en cambio, actuaron de manera deliberada al margen de la ley, optando por torturar y secuestrar a la mujer en lugar de denunciarla ante las autoridades competentes.
En su fallo, la Corte subrayó que recurrir a la justicia por mano propia erosiona las instituciones del Estado y deslegitima el sistema judicial.
“La justicia por mano propia repercute en la responsabilidad penal de quien la imparte, pues siendo una conducta contraria a derecho, conlleva la respectiva investigación y juzgamiento”, dice la Corte.
Además, la Sala Penal advirtió que quienes decidan tomar la justicia en sus propias manos podrían enfrentarse a graves cargos penales, incluyendo lesiones personales y homicidio, ya sea como autores o partícipes.
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