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El hecho de que el colegio divulgara el estado de salud del profesor, desató una ola de discriminación y marginación por parte de compañeros, rechazo de estudiantes y ataques anónimos a través de carteles con comentarios ofensivos.
Por estos ataques constantes, la salud mental del docente se deterioró y su médico le recomendó estar cerca de su red de apoyo familiar. Sin embargo, sus solicitudes de traslado a otra ciudad fueron rechazadas en dos ocasiones por las secretarías de educación implicadas en el caso.
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El alto tribunal reconoció el impacto del estigma asociado al VIH en el ámbito laboral y estableció una serie de obligaciones para las secretarías de educación y las instituciones educativas, en general, como, por ejemplo, implementar programas de información y aprendizaje sobre el VIH para reducir el estigma.
Por otro lado, incluir medidas de protección en los programas de seguridad, salud y bienestar laboral, y garantizar la confidencialidad del diagnóstico de las personas con VIH.
Por último, la Corte llama la atención a los planteles educativos para analizar los traslados extraordinarios por razones de salud desde una perspectiva integral, que considere el bienestar físico, mental y social del solicitante.
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