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En medio de las irregularidades surgidas en el proceso de licitación de pasaportes, la Procuraduría General de la Nación informó que tomó la decisión de suspender provisionalmente al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por un período de tres meses, según se informó a través de un comunicado oficial emitido por el organismo.
El canciller se enfrenta a dos faltas disciplinarias, inicialmente calificadas de manera provisional como gravísimas y cometidas a título de dolo, según la Procuraduría: la primera de estas faltas se relaciona con su declaración de que la licitación 001 de 2023 quedara desierta, sin contar con los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos necesarios. Esta acción podría haber transgredido los principios que regulan la contratación estatal, según lo explica el Ministerio Público en el comunicado oficial.
Además, la Procuraduría también llamó al ministro a juicio disciplinario por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del proceso contractual, sin que, aparentemente, existieran causales sólidas que respaldaran esta determinación.
Según el Ministerio Público, esta medida se tomó con el propósito de evitar la posible reincidencia de las faltas disciplinarias que se le imputan al ministro. Esto es especialmente relevante dada su función como ordenador del gasto de la Cancillería y su papel como director del nuevo proceso contractual en curso para la gestión de pasaportes.
Finalmente, la entidad informó que archivó la investigación a favor del secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, en relación con este caso.
La licitación para la adjudicación del contrato de suministro, formalización y distribución de pasaportes en Colombia, que se inició en mayo de 2023, ha generado una polémica que aún no se ha resuelto.
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El proceso, que tenía un valor estimado de 600.000 millones de pesos,fue declarado desierto el 13 de septiembre de 2023, luego de que la única empresa que se presentó a la convocatoria, Thomas Greg & Sonsde Colombia S.A., fuera descalificada por la Cancillería.
La decisión de declarar desierto el proceso fue cuestionada por varias empresas que habían participado en la licitación, las cuales alegaron que el pliego de condiciones estaba diseñado para favorecer a Thomas Greg & Sons, la empresa que ha tenido el contrato de pasaportes en Colombia durante los últimos 16 años.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra varios funcionarios de la Cancillería por presuntas irregularidades en el proceso de licitación. La Fiscalía General de la Nación también abrió una investigación penal por los mismos hechos.
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En medio de la polémica, Thomas Greg & Sons demandó a la Cancillería por la declaratoria de desierto del proceso. La empresa pide una indemnización de 117.000 millones de pesos por los perjuicios que le habría causado la decisión.
El presidente Gustavo Petro, ha sido uno de los principales críticos del proceso de licitación. Petro ha señalado que la licitación no se puede hacer a un solo oferente, algo que contradice la ley 80.
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