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La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) ha lanzado una fuerte crítica contra la reciente resolución del Ministerio de Agricultura, argumentando que vulnera el derecho constitucional a la libre asociación. Jorge Enrique Bedoya, presidente del gremio, expresó su preocupación en una entrevista con Mañanas Blu y señaló que esta normativa permitiría al Gobierno intervenir en las asociaciones campesinas y agropecuarias, llegando incluso a remover sus directivos y apropiarse de sus recursos.
“La resolución va en contravía de los artículos 38 y 39 de la Constitución, que garantizan el derecho a la libre asociación sin intervención del Estado”, afirmó Bedoya. Según el dirigente gremial, esta medida no solo atenta contra la autonomía de los gremios, sino que también podría afectar la istración de los recursos parafiscales que estos manejan.
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Desde finales de 2023, la SAC ha expresado su inconformidad con el borrador de esta resolución. “Enviamos comentarios en dos oportunidades, pero nunca recibimos respuesta del Ministerio”, explicó Bedoya. A pesar de los intentos de diálogo, el Gobierno procedió con la emisión del documento sin atender las observaciones de los gremios.
El problema principal, según el dirigente, radica en que la resolución establece sanciones que no están contempladas en la ley 2219 de 2022, la cual es citada como base legal por el Ministerio. “El artículo 11 de esa ley solo permite la suspensión temporal de actos ilegales, pero esta resolución se extralimita al imponer medidas como la remoción de directivos y la cancelación de personerías jurídicas”, sostuvo Bedoya.
El alcance de la resolución es motivo de alarma entre los distintos gremios agropecuarios. De acuerdo con Bedoya, esta normativa podría aplicarse a organizaciones como la Federación Nacional de Cafeteros, Fedepalma, Fenalce y otras asociaciones que istran fondos parafiscales.
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“El control de estos recursos corresponde a la Contraloría General de la República, pero ahora el Ministerio pretende intervenir en su istración sin facultades legales claras”, denunció el presidente de la SAC.
Además de las sanciones económicas, la resolución permite la disolución o modificación de estatutos de los gremios, lo que Bedoya califica como una “afrenta contra la institucionalidad”. En respuesta, la SAC ha anunciado que tomará acciones judiciales para frenar esta intervención gubernamental.
Frente a la polémica, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, intentó calmar los ánimos con un comunicado en el que defendió la legalidad de la resolución y aseguró que el Gobierno está abierto al diálogo. Sin embargo, esta respuesta no convenció a la SAC.
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“El comunicado no nos tranquiliza en absoluto, porque hemos intentado dialogar y nunca obtuvimos respuesta. Solo ahora que el tema estalló en los medios es que intentan bajarle la tensión”, criticó Bedoya.
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