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Trabajadores de Hidroituango denuncian que están recibiendo alimentos en mal estado de parte de una empresa que habrían sido contratada, según dicen, a dedo. Ante esto, EPM anunció, por medio de un comunicado, que están iniciando los procedimientos para la terminación anticipada del millonario contrato de ser necesario.
De acuerdo con EPM, las condiciones de contratación se realizaron desde la magnitud económica de los contratos de alimentación ejecutados con anterioridad por los oferentes, considerando que el requisito de experiencia exigido fue acorde y proporcional a las dimensiones del contrato objeto de aceptación.
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“Se vienen gestionando a través del conducto institucional y contractual establecido para el efecto, generando desde la supervisión del contrato, no solo los requerimientos al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones, sino además, iniciando los procedimientos tendientes a la terminación anticipada del contrato, si hay lugar a ello”, agregaron en el comunicado.
De acuerdo con Olga Arango, presidenta del sindicato de profesionales de EPM, se dieron cuenta por denuncias que desde abril les han anunciado los empleados del proyecto, donde han informado sobre el mal estado de los alimentos. Además, señaló que el contrato fue adjudicado a dedo.
“La comida llega descompuesta, o que no cumple con el balance nutricional que debe tener un plato para los trabajadores, son aproximadamente 1.200 empleados que hacen uso de ese contrato de alimentación”, señaló Arango.
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Olga agregó que el contrato fue finalmente adjudicado por un valor de $39.561 millones de pesos a la firma Ardiko, cuya experiencia se concentra en la atención de restaurantes carcelarios, lo que guarda directa relación con las quejas y malestares constantes que se han recibido por parte de los s de los restaurantes Tacuí y Cuní, al punto que muchos de quienes permanentemente habitan en el campamento, han optado por preparar sus propios alimentos o buscar otras opciones de servicio.
Desde hace años, la Universidad de Antioquia istra el sistema de vigilancia epidemiológico y ha emitido llamados y alertas sobre problemas de estado, disposición e higiene en el servicio de alimentación, derivando que en su último informe emitiera una alerta roja sanitaria, lo que podría a su vez conllevar a la actuación de la Seccional de Salud de Antioquia y propiciar el cierre de los restaurantes y del propio campamento.
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Por último, desde el sindicato anunciaron que el rigor contractual de la empresa no puede ponerse en entredicho ni se puede jugar con la reputación de EPM. Por lo que hicieron un llamado para que se tomen cartas en el asunto.
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