Toda una polémica en diferentes sectores de Medellín se ha generado alrededor de las recientes declaraciones del alcalde Daniel Quintero acerca de la estrategia que utilizó para evitar que EPM fuera intervenida por el Gobierno de Iván Duque por deudas relacionadas con Hidroituango.
Concejales de oposición expresaron su preocupación frente a las confesiones del mandatario donde en el más reciente Consejo de Gobierno afirmó que a finales de 2021 buscó financiación en la banca internacional para pagar una obligación de Hidroituango cercana a los 2 billones de pesos, ocultando al Ejecutivo esas verdaderas razones en la destinación de los créditos.
"Empezamos a conseguir de 100 o 50 millones de dólares y le decíamos al Gobierno Nacional que eran para temas de operación de la empresa, pero realmente los íbamos guardando", fueron las palabras del alcalde.
Sobre esto, Simón Pérez, uno de los corporados a los que recientemente el alcalde llamó “bobo”, afirmó que el reciente episodio describe el culto que la cultura paisa tradicionalmente ha hecho del “avispado” para sacar provecho, pero que sin duda deja dudas sobre la ética y los comportamientos que deberían regir a un de lo público.
“Yo he sido acusado por el alcalde de bobo y estamos en la lógica de llevar el culto del avispado a una lógica del manejo del gobierno que me parece que es contraria a una correcta istración de los recursos”, declaró Pérez.
En este mismo sentido, Sebastián López, concejal del Centro Democrático con quien el alcalde tuvo un reciente encontrón en los pasillos de la corporación, argumentó que lo que se hablaba en privado ya esté pasando en lo público habla de la degradación de la actual istración y que el expresidente Iván Duque nunca intentó intervenir en EPM, y antes le permitió quedarse con un gran mercado de energía como el de Afinia en el Caribe.
“Es una demostración del poder frente a los órganos de control y lamentó que estos sean lentos en su obrar. Se siente con la tranquilidad de decir cualquier desfachatez pública porque sabe que la Superintendencia de Servicios y la Superintendencia Financiera no les va a generar ningún tipo de sanción. Es una demostración clara de un gobierno que sabe que es corrupto, que lo dice públicamente y que no le importa”, dijo.
Por su parte, Claudia Ramírez, quien denunció al alcalde por pánico económico en medio de las discusiones de Tigo-Une, apuntó que con lo ocurrido el alcalde muestra su “irresponsabilidad a la hora de istrar un conglomerado público de la importancia de EPM y la falta de transparencia”.
Sobre lo dicho durante el Consejo de Gobierno, Daniel Quintero ha dicho que la posible intervención de EPM obligó a la creación de “una estrategia legal, para evitar que con prácticas irregulares se quedaran” con la constructora y operadora de Hidroituango.
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