Blu Radio conoció que gracias a la gestión de esta Facultad, se determinó la necesidad de presentar un proyecto de ley que agilice los pagos de cuotas por demanda de alimentos, a fin de beneficiar a los niños colombianos.
La iniciativa se dio con el acompañamiento de once congresistas liderados por la senadora Liliana Bitar, alumnos del Centro de Litigio Estratégico Nacional e Internacional (Celeni), de la UMNG, liderado por el docente Gonzalo Molano Salcedo y las estudiantes Lina María Cardozo Hernández y Dafne Lorena Palacio Iza, radicaron ante la Secretaría General del Senado el proyecto de ley 199 de 2023, conocido como ley Sarita, cuyo propósito es reducir los tiempos para que los niños y adolescentes del país reciban sin demoras ni dilaciones su cuota de alimentos.
Por otra parte, la inspiración de esta propuesta de ley es Sara Guiselle, una pequeña de siete años de edad que presenta discapacidad múltiple, parálisis cerebral leve, retardo en el desarrollo psicomotor y una epilepsia focal que le provoca rigidez en el lado izquierdo del cuerpo. Ella, como otros cientos de niños colombianos, acudió mediante su mamá, Deisy del Carmen, al Consultorio Jurídico de la UMNG para pedir apoyo y demandar por alimentos a su padre, porque este no cumplió sus obligaciones.
En el caso de Sarita, Lina María, de décimo semestre del programa de Derecho, fue quien asumió el proceso y logró que, desde hace más de un año, un porcentaje de la pensión del padre se encuentre embargado; pero desde entonces, y hasta octubre de este año, el dinero quedó congelado en el Banco Agrario a la espera de que se ordene continuar la ejecución y sea aprobada la liquidación del crédito.
"Este problema es muy frecuente en los procesos que lleva el Consultorio, y, como parte de la investigación accionable desarrollada por el Celeni, se identificó la posibilidad de influir positivamente para cambiar esta realidad que hoy afecta a miles de niños en Colombia, quienes ven el dinero en una cuenta, pero no pueden siquiera tocarlo durante meses o incluso años, mientras soportan necesidades inexcusables", afirmó la institución a través de un comunicado de prensa.
El proyecto busca reformar los artículos 397 y 447 del Código General del Proceso, para permitir la entrega anticipada de los títulos judiciales una vez notificado el auto que libra mandamiento de pago, siempre y cuando el ejecutado guarde silencio dentro del término de ley. De esta manera, la ley le ordenará al juez de familia entregar los recursos que mes a mes son objeto de embargo, hasta el valor total de la obligación o, en su defecto, por el de la cuota mensual que se vaya causando mientras el proceso tiene un cierre definitivo. Así se garantiza desde la primera etapa procesal el mínimo vital en los asuntos en los que haya recursos embargados.
Toda persona que requiera asesoría en asuntos legales puede ar al Consultorio Jurídico de la UMNG a los correos electrónicos [email protected] [email protected] o a la línea de WhatsApp 3502427852.
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