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Sin mayores cambios, la propuesta mantiene la determinación del presidente Gustavo Petro de cambiar totalmente la operación del sistema de salud y la operación de las EPS, insistiendo en que se transformen en gestoras de salud y vida.
“Las actuales Entidades Promotoras de Salud (EPS) tendrán un plazo de dos años para transformarse en Gestoras de Salud y Vida (EGSVI). Este cambio busca mejorar la gestión del riesgo en salud y la coordinación con las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Servicios de Salud (RIITSS). Las nuevas gestoras deberán cumplir con estrictas condiciones de habilitación y operar bajo un modelo que priorice la eficiencia y la calidad en la prestación de servicios”, indica el texto.
Uno de los puntos clave de la propuesta es la obligatoriedad de las cotizaciones al sistema de salud, aplicables a personas jurídicas y naturales con ingresos.
La a de los Recursos del Sistema de Salud (Adres) será la encargada de recaudar, istrar y controlar estos recursos, es decir, los recursos pasen al manejo del Estado como único pagador y la atención primaria.
La reforma también incluye disposiciones para el personal de salud, como la creación de becas de matrícula para formación pregradual y posgradual, y un régimen laboral específico para las instituciones de salud del Estado. Estas medidas buscan fortalecer la formación y el bienestar de los trabajadores de la salud, esenciales para el buen funcionamiento del sistema.
La Superintendencia Nacional de Salud verá ampliadas sus competencias para incluir funciones jurisdiccionales y de conciliación, asegurando una vigilancia y control más rigurosos del sistema de salud. Además, se establecerán medidas específicas para la liquidación judicial de entidades del sector salud.
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En abril de este año, a polémica reforma a la salud del Gobierno Petro se hundió en la Comisión Séptima del Senado, donde nueve congresistas votaron a favor de una ponencia para archivar definitivamente la iniciativa y cinco lo hicieron en contra.
El resultado representó en su momento la mayor derrota legislativa sufrida por el presidente colombiano, Gustavo Petro, que había puesto en la reforma de la salud todo su capital político.
El hundimiento de la reforma coincidió con la orden del Gobierno de intervenir las dos mayores EPS del país, Sanitas y Nueva EPS, que juntas tienen 16,7 millones de afiliados, argumentando malos manejos en un contexto de crisis financiera del sector.
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