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Tras la grave crisis que afronta el país en materia de salud, la Corte Constitucional le dio al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, un plazo de 48 horas para pagar el ajuste de los presupuestos máximos de 2022 y además, pagar los presupuestos máximos correspondientes a julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024, y que de no ser así, el ministro Jaramillo podría estar cometiendo el delito de fraude a resolución judicial.
“Advertir al ministro de Salud y Protección Social que el incumplimiento al presente requerimiento dará lugar a la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación para que proceda a las investigaciones pertinentes por el delito de fraude a resolución judicial”, aseguró el alto tribunal
La Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-760 de 2008 también abrió un incidente de desacato contra el ministro de Salud, exigiendo acciones inmediatas para cumplir con las órdenes judiciales, la decisión del alto se da tras los resultados de un análisis que evidenció que el Ministerio de Hacienda no transfirió $819.000 millones aprobados en 2023 para cubrir los reajustes presupuestales de 2022.
Asimismo, tras la decisión adoptada por la Corte Constitucional, da cuenta de que el Ministerio de Salud no creó una metodología unificada para definir y ajustar los presupuestos máximos, incumpliendo lo dispuesto en el auto 2881 de 2023.
Además, durante 2024, se confirmó la desfinanciación del mecanismo. Los recursos no alcanzaron para cubrir los presupuestos máximos del segundo semestre, agravando los problemas de sostenibilidad financiera de las EPS y poniendo en riesgo el derecho a la salud de los afiliados.
Al Ministerio de Hacienda se le exigió transferir los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones.
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El magistrado Vladimir Fernández salvó su voto en la decisión, destacando discrepancias en el análisis. Por su parte, la Sala Especial de la Corte Constitucional reafirmó la urgencia de atender los problemas estructurales para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud en Colombia.
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