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El parlamento italiano aprobó hoy una ley que prohíbe la producción y venta de alimentos sintéticos, como la carne cultivada, convirtiendo a Italia en el primer país europeo que introduce esta medida.
La norma, impulsada por el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, argumenta las desigualdades que podrían ocasionar estos alimentos a nivel nutricional y la falta de estudios científicos, aunque el argumento causa gran controversia entre la oposición, que destaca la falta de conclusiones científicas que justifiquen su absoluta prohibición.
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Asimismo, los contrarios a la ley señalan que puede contravenir el principio de libre circulación de mercancías en la Unión Europea si se prohíbe también la comercialización de alimentos sintéticos elaborados en otros países.
La ley prevé que la comercialización de este tipo de alimentos sea multada con entre 10.000 y 60.000 euros, o el 10 % del volumen de negocio en el caso de ingresos superiores a los 60.000 euros.
El debate sobre la ley en la Cámara de Diputados, que ha ido posponiéndose por las dudas sobre su encaje en la legislación europea, estuvo acompañado de enfrentamientos en las afueras del Parlamento entre partidarios de la norma convocadas por Coldiretti, la mayor asociación de ganaderos y agricultores del país, y opositores.
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"Queremos proteger la salud pública y evitar el desempleo. Existe un riesgo de injusticia social con los alimentos sintéticos, con una sociedad en la que los ricos comen bien y los pobres, no", justificó el ministro de Agricultura, sco Lollobrigida, al aprobar el proyecto de ley el pasado marzo.
Según Lollobrigida, la intención del Ejecutivo italiano no es "persecutoria", sino que trata de proteger la "salud" y el "medio ambiente".
Por su parte, el ministro de Sanidad, Orazio Schillaci, argumentó que la decisión se ha tomado como una manera de "salvaguardar" el patrimonio y la cultura agroalimentaria del país, "basada en la dieta mediterránea".
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"La ley contra los alimentos sintéticoses significativa: se basa en el principio de precaución porque en la actualidad no hay estudios científicos sobre sus efectos. Garantizamos el máximo nivel de protección de la salud de los ciudadanos y la salvaguardia del patrimonio de nuestra nación", apuntó Schillaci.
El Gobierno de Meloni ya firmó cuatro decretos para ofrecer más información a los consumidores sobre alimentos que "no se encuentran en la dieta tradicional" y que, entre otras medidas, obliga a los supermercados a separar las harinas fabricadas con insectos del resto de los productos.
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