La Fiscalía General de la Nación se ha unido a la Procuraduría General en la investigación de las supuestas irregularidades en la intervención de la EPS Sanitaspor parte de la Superintendencia de Salud, bajo la istración de Luis Carlos Leal.
Los hechos, catalogados como arbitrarios e ilegales por los denunciantes, motivaron la indagación para clarificar los posibles errores y abusos de función pública ocurridos durante el proceso. La situación escaló hasta la petición de medidas para recuperar la istración de la entidad y asegurar elderecho fundamental a la salud de los afiliados,comprometido según las alegaciones.
El origen de esta controversia se sitúa en la orden de intervención forzosa emitida por la Supersalud, justificada por el incumplimiento de indicadores financieros críticos que amenazaban la atención a más de 5.7 millones de afiliados. Sin embargo, Juan Pablo Currea Tavera, representante legal de Keralty (compañía propietaria de Sanitas), argumenta una "falsa motivación" detrás de estas acciones, denunciando la medida como "desproporcionada, discriminatoria y arbitraria", lo que sugiere una posible expropiación y afecta directamente la garantía del derecho a la salud.
Las investigaciones han iniciado la recopilación de evidencias, realizando diligencias que incluyen la recolección de declaraciones de los funcionarios implicados y la revisión de legislaciones aplicables. Asimismo, se han documentado las irregularidades no solo en la denuncia sino también en informes de la Procuraduría.
Esto incluye la cuestionable designación de Dúver Dicson Vargas Rojas como agente interventor y la revisión de la resolución que fundamenta la intervención. La Procuraduría, además, solicitó a la Supersalud la entrega de documentos relevantes, como la resolución de intervención y detalles sobre quejas, reclamaciones y tutelas relacionadas con EPS Sanitas.
Por su parte, el abogado de Sanitas anunció "otra serie de acciones" con el objetivo principal de recobrar la istración de la EPS. La entidad busca evitar cualquier impacto negativo sobre sus s y aspira a retomar el control lo antes posible. En este contexto, también se ha presentado una recusación contra el superintendente Leal, quien es acusado de haber emitido severas críticas hacia las EPS y el sistema de salud colombiano en general a través de sus redes sociales.
La indagación de la Fiscalía, que incluye la tarea de verificar la existencia de presuntas irregularidades, se ve reforzada por el llamado a la transparencia y al rigor en la gestión de las EPS por parte de la Procuraduría. Esta entidad ha enfocado su labor en esclarecer los motivos y procedimientos detrás de la intervención de EPS Sanitas, poniendo en relieve la importancia de una istración justa y legal de las entidades prestadoras de salud en Colombia.
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