Unidad para las Víctimas alerta sobre nuevas modalidades de estafa en Santander

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas alerta a la comunidad sobre la aparición de nuevas modalidades de estafa dirigidas a personas afectadas por el conflicto armado en Colombia.Según la entidad, estas estafas se están presentando principalmente en los departamentos de Norte de Santander, Santander, Nariño, Chocó, Córdoba y Meta, donde personas inescrupulosas están engañando a las víctimas mediante promesas falsas de pagos, ayudas o beneficios a cambio de dinero o información personal.La directora general (e) de la Unidad, Gloria Cuartas, se pronunció sobre la situación haciendo un llamado a no caer en engaños y a denunciar cualquier irregularidad ante las autoridades competentes.Desde la Unidad de Víctimas se reitera que todos los trámites ante la entidad son gratuitos y no requieren intermediarios. Además, se invita a los ciudadanos a consultar únicamente los canales oficiales para obtener información verídica.Agradecemos la difusión de esta importante información que busca proteger a las víctimas del conflicto armado y evitar que continúen siendo revictimizadas por redes de estafadores.La Unidad para las Víctimas reportó que ha recibido más de 9.000 quejas, de la cuales 3.637 han sido efectivamente denunciadas la Fiscalía General de la Nación. De estas, 153 corresponden a casos ocurridos en Norte de Santander, lo que posiciona al departamento en el noveno lugar con relación a los 31 departamentos donde se han presentado los hechos de corrupción; y 14 casos corresponden a Arauca, y lo ubican en el lugar 26 de la tabla.Según la información recopilada por la Unidad para las Víctimas, a través del Grupo de Indagación y Protección Contra Fraudes (GIPF), hay casos en los que, a través de información falsa y con la adulteración de documentos, delincuentes logran obtener la inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV) y así recibir los beneficios que otorga el Estado a la población víctima.También ocurre que particulares o funcionarios entregan información confidencial sobre las indemnizaciones a tramitadores, para buscar retribuciones económicas.