La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación para determinar quiénes son los responsables, dentro de la Gobernación de Santander, de que un puente colgante recientemente construido en el municipio de Cepitá, colapsará en poco tiempo.
En ese sentido el ente de control abrió una investigación para encontrar a los responsables de que un puente colgante construido hace apenas dos meses en la vereda San Miguel del municipio de Cepita, Santander, colapsara, algo que pudo generar una tragedia de grandes proporciones. El puente costó mas de 1.250 millones de pesos y fue inaugurado con bombos y platillos el año anterior, pero ahora no funciona.
“El ente de control indaga las causas que habrían generado la caída de un puente colgante sobre el río Chicamocha, ubicado en la vereda San Miguel que comunica a la vereda Basto, de Curití, con Aratoca, el cual fue entregado por el ente territorial a la comunidad el 30 de diciembre del 2023”, explicó el ente de control.
Un plazo de 15 días tiene el contratista Construcción y Soldaduras S.A.S para presentar nuevos diseños del puente peatonal, ubicado en la vereda San Miguel del municipio de Cepitá, el cual a menos de dos meses de haber sido entregado presentó fallas estructurales en una de las bases que lo sostiene.
“Se logró establecer y llegar a unas conclusiones para tomar correctivos y poder poner esta obra en funcionamiento al servicio de la comunidad. En acuerdo conjunto, se estableció un plazo de 15 días para el diseño y 30 días para la ejecución de las obras por parte del contratista Construcción y Soldaduras S.A.S.”, explicó Eduard Sánchez, jefe de la oficina de Gestión del Riesgo de Santander.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Santander decretó la práctica de pruebas con el fin de verificar la posible ocurrencia de conductas irregulares, y determinar si son constitutivas de falta disciplinaria
“Según la denuncia publicada en el medio virtual, el 14 de febrero 2024, tan solo un mes y medio después de haberse entregado la obra, habría colapsado el puente que le costó a la gobernación más de $1.250 millones”, explicó la Procuraduría.
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