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Ivonne González, representante de Pequeños Mineros de Santander, aseguró que el Gobierno Nacional ha venido dilatando este punto con diferentes excusas “tratando de hacerle conejo a los mineros y no lo vamos a permitir yo ya voy a Caucasia con el ministro que ha exigido mi presencia” ratifico.
El Decreto 044, es el que delimita las zonas de reserva natural, el cual ha confirmado en varias ocasiones la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, que es el decreto por el cual el gobierno nacional busca proteger ciertas zonas, sin embargo, ha sido objeto de rechazo por diversas organizaciones, incluyendo la Asociación Colombiana de Minería (ACM) y Fenalcarbón.
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Según las diferentes asociaciones de Minería en Santander, si se implementa, este decreto podría paralizar proyectos mineros por hasta cinco años, afectando tanto a operaciones en curso como a aquellas en proceso de licenciamiento.
La Asociación de Pequeños y Medianos Mineros de Santander denunció que en las mesas de dialogó que se han venido concertando en Caucasia (Antioquia) y Bucaramanga (Santander), tanto el ministro de Minas, Andrés Camacho, y la viceministra de Ordenamiento del Territorio, Tatiana Roa Avendaño, no han querido tocar el tema lo que ha generado indignación en el sector.
Para González esta “istración justifica exclusión alegando que las protestas son predominantemente campesinas, pero les recordamos que más de 2,000 pequeños y medianos mineros nos manifestamos el pasado 16 de octubre frente al Ministerio de Ambiente”.
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“Nos quieren hacer conejo, a las comunidades mineras y no lo vamos a permitir, ha dicho, pero no está Ivonne y le manifiesto que ya voy para allá ministro”, confirmó González, quien aseveró que cualquier delegado está apto para tomar decisiones en representación de los mineros de Santander, Córdoba, Chocó y Risaralda.
Los mineros, mediante un comunicado, cuestionaron la defensa del Gobierno sobre el decreto: “Argumenta que las zonas de reserva no afectarían la producción agrícola. La implementación arbitraria de estas áreas, sin concertación ni estudios técnicos adecuados, podría tener consecuencias devastadoras para las comunidades afectadas”.
Afirman que los derechos como mineros y campesinos están siendo vulnerados y envían una pregunta al Gobierno Nacional. “¿Cuántas movilizaciones quieren para que respeten nuestros derechos? No queremos el desplazamiento a miles de familias que dependen de la minería”, aseguró González.
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