Luego del encuentro de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, con comunidades de los municipios de Vetas, Suratá y California en Santander, donde se pretendía construir acuerdos sobre alternativas mineras y la protección del agua, en el páramo de Santurbán, y que terminó con un ambiente tenso y lleno de cuestionamientos y fuertes críticas para los habitantes la conclusión es que los “están condenando a la ilegalidad”.
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Fabio Maldonado, director del Consejo para el Desarrollo de Soto Norte, dijo que el recibimiento a la ministra de Ambiente Muhamad fue así porque llegó fue a anunciar una zona de reserva temporal en Santurbán, sin tener en cuenta la participación de las comunidades.
“Hablando de un diálogo con las comunidades cuando no es cierto, es completamente falso que haya diálogo aquí. El gobierno viene y anuncia una medida y no tenemos ni siquiera derecho a la participación. La ministra no tuvo siquiera la decencia de invitar al dueño de la casa que es el gobernador de Santander, no tuvo tampoco la prudencia de invitar a la Procuraduría que es el ente de control, entonces, prácticamente pensó que venía a encontrar una comunidad sometida, una comunidad que se iba a doblegar y a someter a un decreto que desde todo el punto de vista es nocivo para la región”, dijo el representante de la comunidad.
Dijo que son decisiones ambientales que buscan cumplir promesas de campaña.
“Nos traen una medida adicional más simplemente por cumplirle promesas de campaña a los activistas ambientales del área metropolitana de Bucaramanga y por mantener las bases políticas de este gobierno que quiere hacerse reelegir, esa es la verdad del asunto”, señaló.
Durante el encuentro, los alcaldes de los municipios de Suratá, California y Vetas manifestaron en sus intervenciones la postura de no aceptar la zona de reserva temporal y la implementación del decreto 0044 que prohíbe la emisión de permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales en las zonas declaradas como reserva.
Al respecto también se refirió, durante la reunión que se llevó a cabo en el municipio de California, Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros de Vetas, quien dijo lo siguiente:
"Este decreto sepulta nuestra economía y condena a la miseria a más de 9.000 personas que habitamos en Vetas, California, Suratá y Matanza. Nos están violando nuestro derecho a la participación ciudadana, el derecho al mínimo vital y al trabajo, el derecho a la igualdad y el derecho a la identidad cultural de los mineros tradicionales”.
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