La oposición a la Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal en el costado occidental del macizo de Santurbán sigue creciendo. En las últimas horas, Ivonne González, directora de la Asociación de Empresas del Sector Minero Energético en Santander (Asomineros), reafirmó que los mineros mantendrán la desobediencia civil y avanzarán en acciones legales nacionales e internacionales para revocar la medida.
González destacó que, como parte de su lucha, más de 300 personas realizaron un plantón pacífico frente al Ministerio de Ambiente y entregaron 8.600 firmas en rechazo a la resolución 0221 de 2025. Aunque reconoció que la nueva ministra, Lena Estrada, mostró disposición al diálogo, dejó claro que la comunidad minera no bajará la guardia.
"Nosotros estamos dispuestos al diálogo y encontramos una ministra muy abierta a escuchar. Sin embargo, queremos aclarar que las mesas técnicas, jurídicas y sociales no serán para socializar una resolución que ya está impuesta y que nos quieren hacer efectiva de inmediato. Vamos a defendernos con todo lo jurídico, tanto a nivel nacional como internacional", afirmó.
Además, ratificó la realización de una consulta popular en Vetas y otros municipios de Soto Norte para que la comunidad decida sobre la prohibición minera en su territorio.
"Desde Vetas queremos decir que vamos a seguir defendiendo nuestra ancestralidad y nuestra idiosincrasia. No se trata de una negociación, es una lucha por nuestros derechos. Hoy mismo vamos a iniciar con una demanda para defendernos jurídicamente", puntualizó la líder minera.
Mineros exigen respeto a sus derechos en carta abierta
El malestar de los mineros y habitantes de Vetas, California, Suratá, Matanza, Charta, Tona y Bucaramanga quedó plasmado en una carta abierta enviada a la opinión pública, al Estado colombiano, a los organismos de control y a la comunidad internacional. En el documento, firmado por diversas organizaciones como Asomineros, Consotonorte, Firmes Santurbán y Dignidad Minera, los firmantes rechazan la resolución del Ministerio de Ambiente y denuncian que la medida fue impuesta sin concertación previa.
"Esta decisión, tomada a espaldas de las comunidades afectadas, viola la autonomía territorial, la participación ciudadana y el derecho al trabajo de miles de personas", reza la carta.
Los mineros argumentan que la zona de reserva se impuso de manera unilateral, sin cumplir con la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que exige la concertación de políticas ambientales con las comunidades. También acusan al Gobierno de ignorar el Acuerdo de Escazú, que garantiza la participación de la población en decisiones sobre el ambiente.
Las asociaciones mineras advierten que la medida no solo afecta a la minería, sino también a otras actividades productivas, generando desempleo, pobreza y desplazamiento en la región. Según la carta, la declaratoria de la zona de reserva impide la expedición de certificados para la comercialización de productos agrícolas, dificulta el a créditos para campesinos y empresarios locales, desvaloriza las tierras y los predios y deja a 35.000 personas en riesgo de empobrecimiento y desplazamiento.
"No estamos pidiendo que se deje de proteger el páramo de Santurbán, lugar que habitamos y protegemos desde hace cinco siglos. Lo que rechazamos es la ampliación ilegal, inconsulta e inconstitucional de restricciones ambientales en zonas que ni siquiera son de páramo", señala el documento.
Petición a la nueva ministra
Los mineros también hicieron un llamado a la nueva ministra de Ambiente, Lena Estrada, para que corrija el rumbo de su predecesora y garantice el derecho a la participación de las comunidades.
"Conocemos su trabajo por garantizar que la voz de las comunidades sea respetada y tenemos la esperanza de que mantenga sus principios éticos firmes en la defensa de todas las comunidades del país", concluye la carta.
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