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El Comité Intergremial de Santander manifestó su rechazo a la creación de la "Tasa Especial para el Fortalecimiento de la Seguridad Multidimensional y la Convivencia Ciudadana", incluida por la Gobernación de Santander en el proyecto de ordenanza 019 de 2025, por considerar que afecta el desarrollo económico y social del departamento.
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Según el comunicado emitido por el organismo, la iniciativa fue presentada sin previa socialización con los sectores productivos, lo que, a su juicio, desconoce principios básicos de participación y legitimidad en la construcción de políticas públicas. Además, advierten que la tasa impone un cobro de 0,1331% de una UVT por cada kilovatio hora (kWh) consumido, lo que equivale aproximadamente a $66,3 pesos por kWh según el valor oficial de la UVT para 2025 ($49.799).
El comité alertó que la medida impactaría de manera desproporcionada a las empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios, elevando sus costos operativos y afectando el empleo y el bienestar económico de la región.
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"Esta decisión encarece de forma arbitraria la producción de bienes y servicios esenciales", afirmaron.
Asimismo, los gremios recordaron que la carga fiscal que enfrentan los empresarios en Colombia es una de las más altas del mundo, agravada por la reforma tributaria del 2022. Argumentan que este nuevo tributo se cobraría proporcionalmente al consumo de energía, sin considerar la situación económica de cada empresa, a diferencia de otros impuestos como el de renta.
Otro de los puntos de crítica del Comité Intergremial es la falta de claridad sobre el destino específico de los recursos recaudados, lo que genera incertidumbre sobre su impacto real en la seguridad del departamento.
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"Entendemos que la seguridad es fundamental para el desarrollo de Santander, pero este proyecto carece de acción con destinaciones específicas", señalaron.
Finalmente, los gremios cuestionaron la equidad de la medida, ya que la tasa se aplicaría por igual a hogares de estratos 3, 4, 5 y 6, así como a empresas, sin considerar principios de progresividad tributaria. Ante esta situación, hicieron un llamado a la Gobernación de Santander para retirar el proyecto y buscar alternativas que no perjudiquen la inversión y el empleo en la región.
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