Exdirector de Corporación Autónoma de Santander fue condenado a más de 14 años de cárcel

Héctor Murillo, exdirector de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, fue condenado a 14 años y 8 meses de prisión por suscribir, en diciembre de 2011, un contrato por 185 millones de pesos para la compra de un terreno ubicado en el municipio de Chima, Santander.De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía General de la Nación, un juez del Circuito de San Gil determinó que Héctor Murillo aprovechó su cargo para adquirir ese terreno.La investigación y la sentencia también involucró a Alfonso Mantilla Rodríguez, exsubdirector istrativo y Financiero de la Corporación Ambiental, y a una particular identificada como Blanca Yesenia Ferro Zanguña.En medio de la sentencia el ente acusador detalló que Murillo y Mantilla Rodríguez aprovecharon su posición para cerrar el negocio de la compra del terreno, mientras que “Ferro Zanguña fue quien comercializó el predio, aún a sabiendas de que se trataba de un baldío; y por ende, era de propiedad exclusiva de la Nación. De la misma manera, se determinó que el desembolso del dinero por parte de la CAS se logró con base en documentos falsos”, dice el comunicado.Al igual que Héctor Murillo, los otros dos implicados fueron condenados. Alfonso Mantilla Rodríguez deberá pagar 16 años y 5 meses de prisión, mientras que Blanca Yesenia Ferro Zanguña pagará una condena de 10 años y 9 meses.La Fiscalía también informó que la condena fue apelada ante el Tribunal Superior de San Gil.Esta condena se une a la recibida por Flor María Rangel, también exdirectora de la CAS, quien deberá pagar 8 años de cárcel y una multa de $1.366 millones por actos de corrupción en su paso por la entidad ambiental.El pasado mes de mayo el juez Primero Penal del Circuito de San Gil condenó a Flor María Rangel por irregularidades en la ejecución de un contrato para la reforestación en una zona de protección en Santander.El contrato por el que fue condenada Rangel fue el que se adjudicó cuando estaba como directora con la Unión Temporal Barrancabermeja cuyo valor ascendió a más de $3.400 millones y que tenía como objeto la reforestación de predios estratégicos en términos ambientales.La exdirectora de la Corporación Autónoma Regional de Santander fue hallada culpada de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.