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Con 12 votos a favor y 4 en contra, laAsamblea de Santanderaprobó este jueves la implementación de una tasa para financiar la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento. El nuevo impuesto, conocido como "tasa de seguridad", será cobrado a partir de septiembre a través de la factura de energía, con una tarifa inicial de 66 pesos por kilovatio consumido durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025. A partir de 2026, el valor aumentará.
La medida ha sido objeto de críticas por parte de sectores ciudadanos, comerciales e industriales, especialmente porque, porque los únicos exentos de pago son los estratos 1,2 y 3 de carácter residencial, es decir, si es un negocio en este estrato sí pagará el impuesto.
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A pesar de las controversias, el diputado Víctor Palacios Manosalva defendió el proceso y destacó la participación ciudadana durante el extenso debate en la Asamblea.
“Tuvimos un debate muy interesante en la corporación, con presencia de la comunidad y de personas de diferentes provincias. Aunque el recinto tuvo limitaciones de aforo, se permitió la intervención de 16 ciudadanos. La sesión duró nueve horas, donde cada diputado presentó sus argumentos. Al final, nuestra esperanza es que estos recursos realmente se ejecuten en seguridad. Vamos a vigilar desde la Asamblea que se usen correctamente”, afirmó.
Por su parte, la secretaria de Hacienda de Santander, Diana María Durán, explicó que la tasa se enmarca en las leyes 1421 de 2010 y 2272 de 2022, y busca fortalecer todos los aspectos relacionados con la seguridad.
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“Esta tasa permitirá mejorar las condiciones de la fuerza pública, invertir en tecnología, entornos seguros y herramientas que nos ayuden a visibilizar y atender los desafíos en convivencia ciudadana”, señaló.
El secretario del Interior, Óscar Hernándéz, detalló en qué se invertirán los recursos: “Vamos a priorizar la creación de un centro de emergencias y monitoreo para Barrancabermeja y el área metropolitana de Bucaramanga, con inteligencia artificial, drones y sistemas de vigilancia que permitan una respuesta más rápida frente a los delitos. También se implementarán centros integrados de reacción inmediata en zonas rurales, se fortalecerá la infraestructura con nuevas estaciones de policía, CAI móviles y recuperación de espacios públicos tomados por la delincuencia, como parques y zonas deportivas”.
El gobierno departamental, insiste en que la tasa es una apuesta estratégica para enfrentar la creciente inseguridad y mejorar la capacidad operativa de la fuerza pública.
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