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La intensificación del conflicto en el Catatumbo, Norte de Santander, ha agudizado la crisis de personas desplazadas y confinadas en esa zona del país. De acuerdo con cifras de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que pertenece a la Secretaría de las Naciones Unidas, a la fecha hay 41.236 desplazados y 12.520 confinados, lo que representa un total de 53.657 víctimas de esta guerra criminal.
De las personas desplazadas, 15.086 salieron hacia Cúcuta, 12.362 llegaron a Tibú, 9.474 a Ocaña, 758 a San Calixto, 300 a Hacarí, 200 a Convención, 50 a Teorama y 30 a Ábrego. Según información de la OCHA, la mayoría de ellas se encuentran en alojamientos temporales y hoteles.
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Por su parte, del total de las víctimas que se encuentran confinadas, Tibú es el municipio que encabeza la lista (con 10.206), le sigue San Calixto (con 758), luego Ábrego (656), Convención (500) y por último Teorema (con 400).
“La intensificación del conflicto entre estos grupos armados no estatales ha generado al menos 80 homicidios selectivos a población civil y 12 heridos; además, cinco firmantes del acuerdo de paz han sido asesinados. Se reportan desapariciones y ocupaciones ilegales de viviendas, junto con el desplazamiento de 500 docentes hacia Cúcuta y Ocaña”, afirma el reporte de la OCHA.
Producto de la situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el grave panorama que se vive en el Catatumbo, producto de la violencia desatada en esa región del país. La organización hizo un llamado al Gobierno nacional para que adopte las medidas necesarias para revertir la crisis en el lugar.
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“La CIDH enfatiza la obligación internacional del Estado de proteger la vida e integridad de todas las personas en la totalidad de su territorio y garantizar la labor de aquellas que defienden los derechos humanos y con liderazgo social, así como proporcionar recursos necesarios para atender a las víctimas, especialmente las desplazadas y confinadas”, afirma el comunicado de la organización.
Por último, la CIDH hizo un llamado a Colombia para que desarrolle e implemente una respuesta efectiva que aborde aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población. Según el órgano internacional, esta medida debe priorizarse en las zonas más afectadas por el conflicto armado y las economías ilícitas de la región.
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