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En un fallo de primera instancia, el Tribunal istrativo de Cundinamarca anuló la Resolución 142 de 2024, emitida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que ordenaba la transferencia de 186.000 millones de pesos al municipio de Girón, Santander. La decisión se fundamenta en múltiples irregularidades, como la falta de estudios técnicos previos y la inclusión de proyectos sin justificación adecuada.
El fallo señala que la Resolución 142 vulneró los procedimientos establecidos en la normativa vigente al omitir la revisión y recomendación del Comité de Contratación de la UNGRD y los informes de viabilidad técnica necesarios. Además, se determinó que las obras incluidas en la transferencia, como un acueducto y otras de mitigación, no estaban contempladas en los decretos municipales de calamidad pública que sustentaban la solicitud.
Irregularidades istrativas y técnicas
Entre las principales fallas señaladas por el Tribunal, se encuentra la ausencia de un Plan de Acción Específico (PAE) para las obras proyectadas, requisito obligatorio según la Ley 1523 de 2012. La única obra claramente justificada en los decretos de calamidad pública de Girón era la construcción de una subestación de bomberos en la región del Topocoro. Sin embargo, la transferencia también incluía proyectos adicionales que no fueron sustentados técnica ni jurídicamente.
Asimismo, el Tribunal cuestionó la motivación de la resolución, calificándola de "falsa e incongruente" por incluir obras no relacionadas con las emergencias declaradas. Además, se determinó que la aprobación del acto istrativo por parte del entonces subdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla, excedió sus competencias legales.
El Tribunal ordenó la devolución de los recursos a la UNGRD para que puedan ser destinados a iniciativas que cumplan con los lineamientos legales y técnicos en la gestión del riesgo. Además, la sentencia mantiene la suspensión provisional de la transferencia decretada desde julio de 2024, reforzando las medidas para proteger el patrimonio público.
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La UNGRD y las autoridades municipales de Girón tienen la posibilidad de apelar la decisión, lo que podría llevar el caso al Consejo de Estado.
Este es el fallo:
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