El Decreto 044 de 2024 del Ministerio de Ambiente ha desencadenado una ola de críticas y preocupación entre los mineros y alcaldes de la provincia de Soto Norte, en Santander, quienes denuncian una persecución sistemática contra la minería y la eliminación de su vocación minera ancestral.
La alcaldesa de Vetas, Angélica García Rodríguez, se pronunció en un debate de control político en el Congreso de la República, acusando al Ministerio de Ambiente de liderar una persecución contra la minería en la región. García Rodríguez expresó su preocupación por el impacto del Decreto 044 en la actividad minera legal y en el proceso de formalización en municipios como Vetas, California y Suratá.
"Le decimos a la señora Ministra que la aplicación del Decreto 044 borra la vocación minera ancestral y tradicional de nuestra provincia, desconoce los acuerdos de las mesas de delimitación y aumentará el acoso de grupos armados que buscan realizar minería ilegal en nuestra región", advirtió la alcaldesa.
El malestar de la comunidad minera se debe a que la implementación del decreto convertiría a los titulares mineros legales en ilegales, afectando incluso a aquellos que buscan formalizarse. Además, la medida permitiría la declaración de zonas de reserva temporal sin criterios técnicos ni participación comunitaria, lo que afectaría directamente a quienes dependen de la minería para su sustento.
La Asociación Colombiana de Minería expresó su preocupación por la posible utilización arbitraria del Decreto 044, que impediría el desarrollo de nuevas actividades mineras. Por su parte, la alcaldesa García Rodríguez insistió en la necesidad de permitir que los municipios afectados participen en la toma de decisiones sobre la delimitación de zonas de reserva temporal.
El Ministerio de Ambiente ha defendido la medida, argumentando que la reserva temporal aplicaría por un período inicial de cinco años, sujeto a estudios de compatibilidad en los territorios. Sin embargo, la medida podría prorrogarse por otros cinco años, lo que dificultaría aún más la actividad minera en la región.
En medio de estas tensiones, los mineros y alcaldes de la provincia de Soto Norte exigen que se respeten sus derechos y se permita el desarrollo de la actividad minera legal en la región. La comunidad minera espera que sus voces sean escuchadas y que se busque un equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo económico de la región.
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