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A través de un concepto que envió la Procuraduría General al Tribunal istrativo del Atlántico, esta solicitó que se suspenda cobro del impuesto de valorización a predios ubicados en el proyecto vial entre Barranquilla- Cartagena y la Circunvalar de la Prosperidad, hasta que el Tribunal istrativo del Atlántico no resuelva si se adopta o no medidas cautelares para suspender cualquier recaudo antes de una sentencia final sobre la procedencia constitucional del mismo.
Esto se da a partir de una acción popular que fue interpuesta por el senador Carlos Meisel, quien alegó que este cobro debía ser derogado por el "impacto negativo" que tendría para la ciudadanía a nivel económico.
Además, indicó que habría "múltiples inconsistencias" en el estudio con lo que justificó la medida.
"Igualmente se recomienda verificar e informar al despacho respecto de la existencia de comunidades étnicas en el área de aplicación de contribución nacional de valorización del sector transporte en el proyecto de Infraestructura Vial Cartagena – Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad y, en caso de existir, se adelanten las actuaciones tendientes a determinar la necesidad de efectuar consultas con aquellos, adelantando las actuaciones pertinentes en caso de ser así", cita el documento.
La solicitud fue presentada por el procurador 118 Judicial II istrativo, Juan Antonio Spirko Payares, quien insistió al Tribunal en que disponga adoptar las medidas cautelares deprecadas.
"La medida solicitada pretende proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso como es la protección al derecho colectivo a la moralidad istrativa, así como cualquier otro derecho de igual categoría que aparezca demostrado en el proceso y se desprenda del contenido de la demanda", explicó.
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Mientras tanto, ante la posibilidad de que el cobro de valorización arranque a partir del mes de junio, ya empezaron a escucharse las voces de protesta por parte de los propietarios, quienes dicen estar decididos a declararse en desobediencia civil, e incluso ya se están organizando para ello, pues consideran que este impuesto "es inviable".
"Si no es viable jurídica ni istrativamente la imposición de la valorización, declarémonos todos en desobediencia civil, que es una alternativa constitucional para controvertir estos abusos", dijo Silvio Charris, líder empresarial y comunal del corredor turístico de la Vía al Mar.
Vale decir que de acuerdo con la resolución expedida por el Invías, una vez sean entregadas las facturas con el valor a pagar por cada predio, los propietarios tienen máximo cuatro años para efectuar el pago y podrían hacerlo por cuotas.
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También fueron establecidos unos descuentos a quienes lo hagan dentro de las fechas establecidas.
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