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Tanto la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como la agente especial de Air-e, Diana Bustamante, fueron convocadas por la Procuraduría General de la Nación para hablar sobre el proceso de intervención de la empresa y sus inconvenientes para llevar el suministro de energía a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.
En la cita, el ente de control les llamará la atención por aún no terminar de recibir un informe detallado que solicitó, el pasado mes de abril, con el que busca conocer los detalles de las deudas relacionadas con la opción tarifaria, las deudas oficiales, los subsidios y la relación con los acreedores.
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“Aunque la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios respondió el 8 de abril de 2025, aún no se ha recibido la información completa relacionada con las competencias del Agente Especial”, expresó en un comunicado.
La delegada Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios señaló que “la falta de información y la documentación incompleta dificultan el ejercicio adecuado de la vigilancia preventiva, lo que pone en riesgo la transparencia y la eficacia del proceso de intervención”.
Así también, la Procuraduría General reiteró que “la necesidad de recibir detalles precisos sobre las deudas de la empresa, tanto antes como después de la intervención, las acciones realizadas y proyectadas para gestionar las deudas, la información sobre los acreedores y las deudas generadas tras la intervención, entre otros aspectos clave”.
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