Con alta expectativa se encuentran los gremios económicos del Atlántico frente al proceso de intervención que el Gobierno adelantará con la empresa Air-e, para lo que han diseñado una serie de propuestas y/o sugerencias que permitan garantizar mejoras en la prestación del servicio de energía eléctrica y, además, reducir las altas tarifas en el Caribe.
Aunque todavía están a la espera de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios entregue el detalle jurídico sobre el alcance que tendrá el proceso de intervención, piden que se priorice la toma de acciones para “corregir las situaciones que generaron la crisis financiera en la empresa”.
Así, desde Intergremial Atlántico advierten que el Régimen Especial Tarifario “no dio resultados” y que, como principal medida a tener en cuenta, debería ser una regulación que permita que al no se le cobren componentes como el de las inversiones futuras o pérdidas "negras".
"Se debe revisar este régimen tarifario y el Gobierno Nacional debe hacerlo con la regulación y normativa vigente y no se requiere para eso una reforma a la Ley de Servicios Públicos. Solamente con el marco jurídico existente se pueden llevar a cabo las modificaciones estructurales que se requieren para una mejor prestación en los servicios", explicó Efraín Cépeda, presidente de Intergremial Atlántico.
No obstante, también sugieren que el Gobierno priorice las inversiones en el sistema de redes e infraestructura eléctrica, pues esto facilitará la obtención de soluciones en el mediano y/o largo plazo en cuanto a la prestación del servicio de energía.
Además, sugieren que se tenga en cuenta aumentar la oferta de energía eléctrica, tras la advertencia hecha por las generadoras de que para el periodo 2025/2026 podría verse ‘en jaque’ el cubrimiento de la demanda de energía dado a su "crecimiento acelerado".
Por su parte, otra de las medidas tiene que ver con pagarle a la empresa lo que se le adeuda por concepto de subsidios, lo que incluye también a diferentes entidades públicas como colegios, centros de salud, alcaldías, gobernaciones, entre otros, donde todavía reposan un alto número de deudas.
Finalmente, piden que la Superservicios priorice la compra de energía eléctrica y que, de esta manera, se garantice la estabilidad de los precios mediante contratos a largo plazo que “no limiten a la mínima expresión la exposición a bolsa de las empresas de energía”.
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