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Durante un nuevo encuentro de la audiencia preparatoria del juicio contra Nicolás Petro, realizado desde Barranquilla este martes 22 de abril, el abogado de la defensa Alejandro Carranza afirmó tener pruebas de la existencia y legalidad financiera de la empresa Grupo de Energía Delta limitada y la fundación Fucoso, las cuales fueron señaladas por la Fiscalía como supuestas fachadas para el lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
En esa línea, el jurista pidió la autorización para utilizar en juicio certificados y documentos financieros que apoyan su teoría y, en el caso específico de la empresa de energía, conllevan a una presunta narrativa armada en contra de Nicolás.
“Quiero pedirle que, por favor, nos autorice aducir a juicio copia de la Cámara de Comercio de la empresa Grupo Energía Delta Limitada en cinco folios, puesto que, según lo aducido por la Fiscalía, este documento era usado como supuesto indicio de participación societaria o vinculación económica del acusado. La defensa demostrará a su señoría que el acusado no ostenta propiedad, participación activa ni beneficio económico derivado de esa sociedad”, dijo inicialmente.
“Igualmente le solicito señor juez que nos autorice a deducir a juicio 18 archivos entre los cuales se encuentra plasmadas informaciones del Runt, Inpec, Igac, entre otros, pues este conjunto documental ha sido utilizado por la fiscalía como base de un rastreo patrimonial ampliado a mi representado Nicolás”, agregó.
Hablando netamente de la fundación Fucoso, Carranza pidió llevar a la diligencia central Ku todo tipo de documentación como certificados de existencia en Cámara de Comercio, estados financieros, informes de su gestión y hasta presupuestos para intentar corroborar que “no hay ánimos de defraudación desde su génesis” y que los ingresos y egresos están enmarcados en actividades legales.
Recordemos que la fiscal Lucy Laborde había hablado de la empresa de energía y la fundación como presuntas fachadas de Nicolás Petro para, presuntamente, cometer el delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de funcionario público, agregando que en la última al parecer se suscribió un contrato con la Gobernación del Atlántico, a través de la cual, se estaba sobrefacturando y recibiendo cantidades de dinero en efectivo.
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En medio de su intervención, el abogado de la defensa pidió avalar para usar las solicitudes que, en su momento, hizo el hijo del presidente a la Asamblea del Atlántico para recibir su sueldo en cheques, pues considera que estos movimientos financieros no fueron analizados por la Fiscalía.
A su vez, mencionó la intención de agregar a sus pruebas declaraciones de rentas, pagos de nómina de la Asamblea del Atlántico en los períodos investigados y también boletos de avión de los que sostiene que fueron desplazamientos legítimos.
Finalmente, habló acerca de la polémica camioneta Tahoe de placas JCZ-858, vinculadas a Nicolás Petro, pero cuya documentación espera presentarla en juicio para aclarar que no es de la propiedad del acusado ni significa un enriquecimiento, tampoco en varias operaciones bancarias estipuladas entre los 10 y 60 millones de pesos, de las cuales intentará justificar como pagos de arriendos, devolución de préstamos e ingresos salariales.
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