Ni megacolegios se salvaron de los usurpadores de tierra detenidos en Soledad, Atlántico
Así se dio a conocer en el comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla por parte del brigadier general Gelver Yecid Peña, comandante de la regional 8, y el teniente coronel Jorge Mora, jefe del área anticorrupción de la Institución.
El despojo de tierras que más de 17 personas habrían liderado entre Barranquilla, Soledad, Santo Tomas, Malambo y Cereté afectaron a constructoras, proyectos urbanísticos y a más de 1.800 familias, luego de que hubiesen sido ocupadas zonas destinadas originalmente para mega colegios, centros de desarrollo infantil y parques.
Además, se identificó que dichas invasiones fueron realizadas entre decenas de funcionarios públicos en alianza con bandas criminales locales.
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Al respecto, el teniente coronel Jorge Mora, jefe del Área Anticorrupción de la Policía de la Policía, le dijo a Blu radio lo siguiente:
La Policía durante la rueda de prensa.
Policía Mebar.
"La corrupción existe porque hay funcionarios públicos que permiten que organizaciones delincuenciales hagan su trabajo y precisamente esa es la segunda fase de la operación Gaia, establecer esas alianzas y desvertebrar esos grupo criminales dedicados al robo de tierras", indicó el oficial.
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Cómo lo informó el coronel Mora, la investigación detectó que se afectaron 277.000 metros cuadrados de tierra, entre los que se encontraban megacolegios, centros de desarrollo infantil y hasta el aeropuerto Ernesto Cortissoz.
Del mismo modo, el brigadier general Gelver Yecid Peña, comandante de la Regional 8 de la Policía, explicó que en la operación Gaia, nombre como denominaron las autoridades el operativo, la investigación se desarrolló a partir de cuatro líneas investigativas centradas en el análisis del modus operandi de la red, que consistía en dar apariencia de legalidad a documentos falsos para apropiarse de terrenos que luego eran parcelados y vendidos a terceros mediante engaño.
Estas acciones fraudulentas afectaron a constructoras, proyectos urbanísticos, y a más de 1.800 familias que habitan zonas destinadas originalmente para colegios, centros de desarrollo infantil y parques.
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El avalúo de los predios corroborados documentalmente en la investigación asciende aproximadamente a 22.000 millones de pesos.
Tres registradores de instrumentos públicos, dos inspectores de policía, dos notarios, un calificador de instrumentos públicos y un funcionario de la Alcaldía de Soledad hacen parte de los 17 capturados.
Los capturados deberán responder por delitos como peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, cohecho, asociación para delinquir contra la istración pública, urbanización ilegal y estafa agravada.
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