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Las denuncias por el presunto daño ambiental causado por el levantamiento de un complejo habitacional de 18.000 apartamentos en cerca de 80 hectáreas junto a la Ciénaga de Mallorquín, la cual está cobijada con la declaratoria Ramsar, ya es objeto de indagación para la Fiscalía General de la Nación, la cual se sumó a las averiguaciones que también está haciendo la Procuraduría a e ste proyecto de Argos.
Blu Radio conoció que desde la Fiscalía Atlántico ya se están realizando varias diligencias asociadas a entrevistas, reconocimiento de terreno y recolección de documentos, pues las denuncias establecidas por organizaciones ciudadanas apuntan a que el proyecto urbanístico arrasó con más de 50 hectáreas de bosque seco tropical, que además hacía parte de una zona de desarrollo especial y limitado.
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Entre tanto, Gustavo Guerrero, procurador delegado ambiental y agrario en Barranquilla, señaló que tras identificar poca articulación entre las autoridades ambientales para las expediciones en su momento de los permisos y el seguimiento a la intervención de la obra, ahora buscará contener el desarrollo, si efectivamente hay un impacto ambiental negativo.
"Y la idea es generar mecanismos que permitan contener el desarrollo urbanístico, reducir las densidades y utilizar algunos mecanismos de compensación para que efectivamente haya una acción decidida que contenga la expansión urbana y que nos preserve este ecosistema
A esto se sumarán visitas en terreno a las zonas de la construcción para verificar el impacto de la obra.
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