En la guerra sin tregua por el control de las rentas criminales y la minería ilegal de los grupos armados en el sur de Bolívar, las comunidades más apartadas siguen sufriendo las peores consecuencias.
La Secretaría de Víctimas de la Gobernación de Bolívar dio a conocer que más de 500 personas de las veredas Mina Gorila y Mina Plaza, en zona rural de Montecristo, tuvieron que abandonar sus hogares este fin de semana en medio de las balas, mientras otras 104 permanecen confinadas en el corregimiento de Mina Piojó.
“Las confrontaciones de grupos ilegales han aumentado, poniendo en riesgo la vida y la tranquilidad de esos pobladores de estos corregimientos, especialmente de las zonas rurales. Nosotros, desde la Gobernación de Bolívar, estamos brindando ayudas de reacción inmediata, pero se requiere que, así como el Catatumbo tiene una merecida atención, también el sur de Bolívar la reciba”, explicó Iván Sanes, secretario de Víctimas.
Según datos revelados por el funcionario, en lo corrido del año ya son más de mil personas desplazadas por cuenta de las recurrentes confrontaciones de estos grupos armados.
“Solamente en el 2023 se duplicaron los hechos de desplazamiento y confinamiento; en el 2024, casi se triplicaron, y en lo que va de este año la tendencia va en aumento. Este año ya llevamos unas mil personas entre desplazamientos y confinamientos. Tenemos constantes enfrentamientos en Montecristo, Santa Rosa del Sur, Arenal del Sur, Norosí y Río Viejo”, detalló.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, alertó que en lo corrido del 2025 se han producido cuatro desplazamientos masivos y más de cinco poblaciones han sido confinadas.
“La situación, en lo que va de 2025, ha producido cuatro desplazamientos forzados masivos, más de cinco poblaciones confinadas, homicidios selectivos, amenazas a líderes y lideresas sociales, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y el aumento del uso de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados”, indicaron, al tiempo que señalaron que en esta zona hacen presencia el ELN, las disidencias al mando de alias Calarcá Córdoba, autodenominadas ‘Estado Mayor de los Bloques y el Frente (EMBF)’, y el llamado ‘Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)’.
Entretanto, la comunidad insiste en que la ausencia del Estado en estas zonas apartadas sigue siendo un detonante de la guerra.
“Que volteen la mirada hacia estos sectores que están en total abandono, y por eso los grupos armados aprovechan para apoderarse de las economías ilícitas. Nosotros hemos venido pidiendo desde hace varios años la formalización de la minería y no ha sido posible (…) Es responsabilidad del Gobierno lo que está ocurriendo por falta de atención. Aquí, si se construye un colegio, lo hacemos nosotros; si se construye una vía, la hacemos y la mantenemos nosotros mismos”, dijo en diálogo con Blu Radio un líder del sur de Bolívar que prefirió mantener su nombre bajo reserva.
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