Los presuntos nexos del ‘Papa Pitufo’ con funcionarios del Gobierno habría sido causal de retiro reciente de dos uniformados de la Policía, vinculados a la seccional de Aduanas en Cartagena y Barranquilla, a quienes les abrieron investigaciones por presunto apoyo a redes de contrabando.
Se trata del capitán Faudel Salazar y del mayor Royce Javier Díaz Munive, ambos estuvieron vinculados a la Policía de Aduanas de Cartagena y Barranquilla, respectivamente, y fueron retirados en abril de 2024 por “voluntad del Gobierno nacional” al considerar que estaban incurriendo en posibles prácticas de corrupción.
Sus nombres salieron a relucir públicamente en abril de 2024, luego de ser mencionados durante una audiencia en la que la Fiscalía establecía las relaciones que Diego Marín Buitrago, alias ‘Papa Pitufo’, tendría con funcionarios del Gobierno para facilitar el ingreso de mercancía de contrabando al país, entre los que se encontraban ambos uniformados, para mover mercancía de manera irregular por ambos puertos.
La revelación no fue nueva, un año atrás ya venía siendo investigado Díaz Munive, a partir de una denuncia realizada por la Brigadier General Sandra Hernández, entonces directora nacional de la Polfa, quien pedía revisar si este se encontraba ligado a una presunta red criminal. Meses después, el mayor fue grabado en un hotel de Cartagena compartiendo con ‘Papa Pitufo’ y compartiendo abrazos junto a este y otras personas más; lo que estableció una posible conexión en medio de la investigación.
Sin embargo, poco o nada se sabía del ‘modus operandi’ con el posiblemente se movía mercancía ilegalmente, al menos, a través del puerto de Barranquilla, la cual no se descarta que pertenecía a ‘Papa Pitufo’.
De acuerdo con información conocida por Blu Radio, Díaz Munive fue acusado de presuntamente presionar a sus subalternarnos, abusando de su posición, para que funcionarios de la Dian y de la Policía permitieran el ingreso de contenedores con mercancía, que no era revisada, tal y como establece la ley, a los cuales les hacían acta de control aduanero para luego “coordinar con los contrabandistas el envío de la mercancía terrestre”, tras pagar hasta $5 millones de pesos por cada contenedor que salía. Las actividades, al parecer, las coordinaba con un exmiembro de la Policía, quien se encargaría de dar las órdenes por él.
“Le daban información al ex-patrullero Danny Albarracín, los movimientos de dicha carga y rutas internacionales para llevar un registro y control de dichas vías y valor a pagar por la salida sin problemas del puerto, en una relación de 2 a 5 millones por contenedor con contrabando (…) se hace mención de otra alianza con braseros de contenedores que se paga por la extracción que puede ser desde 150 a 300 millones por contenedor con mercancía de contrabando que se traslada a otras ciudades del país”, indica una comunicación enviada en marzo de 2024 al general Salamanca, en la que solicita la salida del funcionario.
Entre los elementos que se revela en esta carta, que fue trascendental para la decisión del retiro del mismo, se establece que tanto Díaz como su colaborador llevaban registro de lo que entraba y lo que salía. Entre estos, se hallaban contenedores con mercancía como “calzado, confecciones, cigarrillos, licores, celulares, rios, oro, divisas por carga o pasajeros internacionales”.
Aunque en el documento de la queja que llegó a manos del general Salamanca no se mencionó directamente a Diego Marín Buitrago, no se descartan los nexos que habría entre ambos a partir de lo revelado en abril pasado por la Fiscalía.
Al respecto, Díaz Munive apeló a su retiro y actualmente cursa una solicitud de nulidad ante un Juzgado de Florencia. En su defensa señala que lo dicho contra él es falso y que es un funcionario con una carrera intachable.
Por lo pronto, el capitán (r) Faudel Salazar se encuentra retirado, mientras avanza la investigación penal en su contra por haber presuntamente permitido situaciones similares en el puerto de Cartagena.
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