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Sigue en curso el conflicto entre el Gobierno nacional, a través de la Unidad para las Víctimas y la Alcaldía de Bogotá, en torno a la responsabilidad por la situación actual de las comunidades indígenas asentadas en el Parque Nacional desde hace varios años.
Desde la Unidad para las Víctimas, su directora, Gloria Cuartas, señaló que el Distrito habría incumplido los acuerdos relacionados con el mantenimiento y cuidado de los albergues donde estas comunidades han permanecido durante más de tres años, a la espera de un proceso de retorno.
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“Bogotá incumplió los acuerdos con los indígenas sobre fumigación, limpieza y cuidados sanitarios. Esta es una de las razones por las que ellos decidieron tomarse el Parque Nacional”, afirmó Cuartas.
Por su parte, el Distrito insiste en la necesidad de una articulación efectiva con la Unidad para las Víctimas, con el fin de adelantar un proceso de retorno o reubicación, tal como lo ordena la ley desde 2023.
“Necesitamos la presencia de la Unidad para las Víctimas aquí, en el Parque Nacional. Urge generar un plan articulado de retorno o reubicación que permita a estos indígenas y especialmente a los menores de edad, acceder a condiciones dignas. El Parque Nacional no es un lugar adecuado para pernoctar, y no cuenta con lo necesario para una estancia segura”, declaró Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá.
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Mientras tanto, se conocen nuevas denuncias por parte de la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Educación de Bogotá, quienes afirman que integrantes de la guardia indígena impidieron el de más de 100 menores de edad (niños, niñas y adolescentes) a programas de salud, educación y alimentación ofrecidos en los Centros Amar.
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