
Alcaldía se pronuncia tras constantes quejas ciudadanas por piques ilegales en la av. Boyacá
Autoridades ya realizan operaciones de control para evitar las carreras clandestinas.

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Vecinos del sector de la calle 170 con avenida Boyacá, en Bogotá, han alzado su voz a través de redes sociales para denunciar la realización constante de carreras clandestinas protagonizadas por motociclistas y conductores de vehículos modificados.
Según los residentes, estos encuentros ilegales se llevan a cabo semanalmente durante las noches, afectando su descanso y generando un alto riesgo para la seguridad vial.
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En los videos difundidos se observa cómo los vehículos circulan a gran velocidad mientras decenas de espectadores se ubican en los andenes, obstaculizando el paso vehicular y exponiéndose al peligro. El ruido excesivo y la imprudencia de los conductores han convertido esta zona en un punto crítico para las autoridades.
Frente a esta situación, la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en coordinación con la Policía, inició operativos de control no solo en la Avenida Boyacá, sino también en otras zonas estratégicas como la Avenida Circunvalar, a la altura de Monserrate, y la calle 26 con avenida Ciudad de Cali.
Como resultado de este operativo, se han impuesto 31 órdenes de comparendo, se inmovilizaron 13 motocicletas y un automóvil, según reportaron las autoridades.
La seguridad vial es prioridad en nuestra ciudad.
— Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) May 24, 2025
Por eso, en articulación con la Policía de Bogotá, realizamos un operativo de control a los piques ilegales en tres zonas estratégicas:
•Av. Circunvalar (Monserrate)
•Calle 26 con Av. Cali
•Calle 170 con Carrera 72
Estos son… pic.twitter.com/7o8BZSHx6v
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Cabe recordar que las carreras ilegales constituyen una infracción al artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, el cual sanciona la participación en competencias no autorizadas en vías públicas. Estas prácticas vulneran normas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ya que generan alteraciones al orden público mediante ruidos excesivos.
La Ley 769 de 2002 establece que los involucrados pueden enfrentar sanciones que incluyen la suspensión de la licencia de conducción y multas superiores a los 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.