La Alcaldía de Bogotá solicitó a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Compra Eficiente (AN-CCE) que adopte medidas correctivas para evitar el amaño en contratos desde los Fondos de Desarrollo Local.
Según la concejal Sandra Forero, del partido Centro Democrático, los contratistas se estarían aprovechando de una condición presente en los Documento Tipo para ajustar sus propuestas económicas a discreción de las entidades.
Por eso, en una carta dirigida a Cristóbal Padilla, director de la AN-CCE, la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá solicita a esa entidad corregir el sentido “indicativo” que está presente en el “Formulario 1 - Propuesta Económica” utilizado para los procesos de licitación pública de menor cuantía y mínima cuantía.
Este formulario, elaborado por la entidad durante la fase de planeación, define el valor oficial estimado del proceso de contratación y permite a los proponentes estructurar su oferta económica.
De acuerdo con Colombia Compra Eficiente, el formulario tiene dos funciones principales: sirve como base para presentar el presupuesto oficial y para que los proponentes presenten sus ofertas, evitando la duplicidad de información y garantizando que las propuestas se evalúen de acuerdo con las variables y reglas establecidas por la entidad.
Sin embargo, entre los aspectos problemáticos se encuentran: correcciones aritméticas, causal de rechazo de ofertas parciales, suscripción de contratos por el valor total del presupuesto oficial, e inclusión de notas restrictivas en el Formulario de Propuesta Económica.
La revisión realizada por la Secretaría General, la Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría Jurídica Distrital ha revelado que la interpretación errónea de los documentos tipo no solo afecta a los proyectos de infraestructura de transporte, sino que también se extiende a otros sectores, incluyendo infraestructura social, cultura, recreación y deporte, así como agua potable y saneamiento básico. Esta situación ha limitado la pluralidad de oferentes en los procesos de contratación, lo que compromete la competitividad y equidad en las contrataciones públicas.
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