Aunque escucharon las palabras de perdón que tanto anhelaron por parte del Estado colombiano por las ejecuciones extrajudiciales de las que fueron víctimas sus seres queridos, las familias siguen esperando una reparación económica por parte del Gobierno.
De hecho, así lo reclamó en nombre de al menos 17 familias el abogado Javier Villegas, quien aunque representa a 26 de los 35 casos de los llamados falsos positivos en los que en un acto las fuerzas militares aceptaron su responsabilidad, manifestó que para esa cantidad aún no han llegado los recursos económicos y que estos gestos deben estar acompañados de reparaciones económicas.
“No han sido reparadas en debida forma. Algunos desde hace cuatro o cinco años están a la espera de que el Estado cumpla con la obligación de reparar a las familias en debida forma. Por lo tanto, estos actos, sin esos actos de reparación reales y efectivos, adolecen y quedan incompletos y revictimizan de cierta manera a las víctimas”, manifestó Villegas.
Ante este panorama en el que algunas familias llevan seis años esperando a que sean compensados económicamente, en cumplimiento de las sentencias, el ministro Iván Velásquez señaló que están en trámite y que trabajan en un grupo de liquidación de sentencias para cumplirles a las víctimas.
"Desde principios de año la conformación de un grupo especial de liquidación de sentencias con el propósito que podamos acelerar (...) No es posible, ni siquiera en la situación de hechos de tanta gravedad como estos de las ejecuciones extrajudiciales, puedan irrespetarse esos turnos", dijo el ministro.
Para el abogado Villegas, estos recursos debieron haber llegado a las familias desde antes de este acto de perdón, que se llevó a cabo en el Museo Casa de la Memoria en Medellín este miércoles. Por lo pronto, ya fueron presentadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ocho denuncias, con más de 15 casos de falsos positivos.
Según la Jurisdicción Especial para la Paz, solo entre 2002 y 2008, en Antioquia, se registraron 1.611 casos de ejecuciones extrajudiciales, representando un 25% del total de víctimas ocurridas en el país durante esos años.
A la fecha, 4.000 exintegrantes de la fuerza pública se han sometido a esta Jurisdicción, mientras que nueve militares han sido imputados en el subcaso Antioquia, entre ellos el general (retirado) Mario Montoya, por 130 ‘falsos positivos’ en el oriente de este departamento.
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