El Consejo de Estado tomó una decisión luego de que la Procuraduría General de la Nación, la Agencia Nacional de Minería, la Gobernación de Antioquia y la Zijin Continental Gold interpusieron una apelación por las medidas cautelares que fueron impuestas en mayo de 2023 y en donde, por ejemplo, se autorizaba la explotación minera de la zona. Tras los estudios realizados, la decisión fue revocar dichas medidas, ya que se determinó que no eran procedentes.
Hay que recordar que hace más de un año el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia había decretado una medida cautelar en donde se autorizaba la explotación minera y, además, se determinaba la suspensión de las ordenes de cierre y desalojo de los mineros tradicionales de Buriticá.
En su momento, la demanda la interpuso la Comunidad Minera de Buriticá que alegó la vulneración al derecho de la libre competencia económica, sin embargo, en la apelación se enfatizó que la minería es de interés público y como tal debe ser regulada por las autoridades. Por ello, se insistió que la medida cautelar tenía falta de comprobación de la supuesta vulneración a los derechos.
Por su parte, la Zijin Continental Gold argumentó que la autorización para explorar el área que beneficiaba a los demandantes sin título minero solamente es algo inapropiado y que podría poner en riesgo la seguridad de las personas y a la vez del medio ambiente de la subregión antioqueña.
Además, la gobernación manifestó que el juzgado de Santa Fe de Antioquia debió remitir el caso al Tribunal istrativo e indicó en conjunto con la Agencia Nacional Minera que los derechos mineros los tiene la compañía desde 2013 y que ha sido un constante problema para la Zijin Continental Gold la minería ilegal que en repetidas ocasiones ha hecho que se interrumpa la actividad de explotación.
Teniendo esto en cuenta, la Procuraduría General de la Nación destacó que los mineros tradicionales que hayan explotado un título minero inscrito en el registro nacional por más de 10 años tienen derecho, efectivamente, a solicitar la formalización de la actividad. No obstante, si en la zona hay otros títulos mineros de explotación se debe seguir con un proceso de legalización y formalización como lo establece la ley.
En conclusión, y después de varios meses de estudio, el Consejo de Estado determinó que en el proceso no se encuentra acreditada la vulneración o amenaza al derecho colectivo a la libre competencia, ya que la actividad que ejecuta la empresa minera es de interés público y no de algunos específicos.
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