En medio de la acción popular que busca frenar la enajenación de acciones de EPM en Tigo-Une, juez ordenó a la Alcaldía y a EPM entregar el estudio del avalúo de esta participación. Accionante argumenta un presunto detrimento patrimonial.
A más de medio año de haberse aprobado por parte del Concejo de Medellín la enajenación de acciones que EPM tiene en la empresa de telecomunicaciones Tigo-Une, la situación continúa debatiéndose en los juzgados por cuenta de una acción popular que busca frenar esa decisión.
Y es que en los últimos días se conoció la determinación del Juzgado Quinto istrativo Oral de la ciudad que ordenó en un término de 15 días tanto a la empresa de servicios públicos como a la istración distrital entregar el estudio técnico que establece el avalúo de dicha participación.
Según el abogado accionante, Esteban Manco, lo que busca establecerse con la entrega de esta documentación es determinar si en la decisión de enajenar las acciones habría un detrimento patrimonial al tener solo en cuenta el valor total de la participación en libros contables y dejar de lado el avalúo comercial, la cual podría ser mucho mayor.
"Lo que afirmó la jueza es que es un documento importantísimo para el proceso, pues lo que se busca con él es detallar esa disminución, ese detrimento patrimonial significativo frente a un punto en la historia que no puede ser que de 2.3 a 2.8 billones de pesos, abuelo de pájaro se concluya que estamos en 1.6 y no sabemos si va a quedar incluso en un billón de pesos", detalló Manco.
Se espera que en las próximas semanas la justicia falle en primera instancia este mecanismo que en caso de salir favorable a la parte accionante podría retrasar el proceso de enajenación y venta de acciones, cuyo recursos ha advertido el alcalde Federico Gutiérrez, se invertirán en becas para jóvenes y la consolidación de Medellín como Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Esta es la parte de la decisión judicial en la que se ordena lo mencionado: