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Luego de que el pasado 12 de julio de 2024 la multinacional minera Zijin - Continental Gold instaurara de manera formal una demanda contra el Estado colombiano por cuenta de la compleja situación de seguridad en el proyecto que explota en el municipio de Buriticá, occidente de Antioquia, la nación aseguró que prepara su defensa ante los alegatos ya expuestos por la contraparte ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones.
El punto principal a decidir por parte de esta entidad consiste en determinar si el Estado ha violado o no el Tratado de Libre Comercio con Canadá, pues según la minera ha existido una violación “del estándar de nivel mínimo de trato, incluyendo la obligación de proveer protección y seguridades plenas y un trato justo y equitativo", en medio de la constantes disputas que se han librado a sangre y fuego por el control de varias zonas de esta mina, una de las más grandes del mundo, donde se estima que hay hasta 3.7 millones de onzas de oro en reservas.
Aunque no se conocen detalles de los alegatos presentados por Continental Gold, estos manifestaron ante la entidad encargada de impartir justicia que terceros se han apropiado de manera ilegal de varios puntos de trabajo subterráneo de la mina, entre ellos la totalidad del túnel de Yaraguá, el 40 % del túnel Rampa Sur y el 30 % del túnel Higabra. Inclusive, de acuerdo a autoridades locales, además de mineros informales, detrás de estas ocupaciones estarían grupos armados como el Clan del Golfo.
Según la Presidencia de la República, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado adelanta el proceso de selección de la firma internacional que la acompañará en el pleito, para lo cual deberá contar con un equipo de asesores con una tasa de éxito mínima de 75 % representando a estados latinoamericanos en arbitrajes internacionales en los últimos 15 años. Una vez elegida esta firma se responderá la demanda.
“La estrategia jurídica estará dirigida por el Grupo de Arbitrajes de Inversión de la Agencia Nacional, con base en la experiencia acumulada en este tipo de causas y su conocimiento directo de las medidas que serán objeto de discusión en la demanda”, aseguró la Presidencia.
En uno de los hechos más recientes, a mediados de enero de este año, quienes serían un grupo de mineros irregulares lograron acceder a la mina Higabra donde destruyeron una de las subestaciones eléctricas con el que se garantiza el bombeo de aguas y el flujo de aire limpio al interior de la misma. En medio de varias detonaciones resultó herido uno de los guardas de este espacio.
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