Sigue aumentando el número de exfuncionarios de la istración de Daniel Quintero en Medellín imputados. La Fiscalía formuló cargos contra el exsecretario de Movilidad, Juan Carlos Torres Ojeda, y el exdirector técnico de la Secretaría de Infraestructura, Rubén Darío López Giraldo, por contrato sin cumplimiento de requisitos legales en un proceso de $16.000 millones.
A un día de haberse suspendido la audiencia de imputación contra el exalcalde Daniel Quintero, varios de sus exfuncionarios y particulares, por el lote de Aguas Vivas, otros casos de presunta corrupción que involucran a su istración siguen avanzando.
Ante el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, la Fiscalía formuló cargos por celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales contra el exsecretario de Movilidad del Distrito, Juan Carlos Torres Ojeda; el exdirector técnico de la Secretaría de Infraestructura, Rubén Darío López Giraldo; y el contratista Santiago Ortega Mateos.
Se les acusa por la celebración de un contrato interistrativo por $16.000 millones entre la Secretaría de Movilidad y Metroplús, firmado el 29 de junio de 2023, precisamente el mismo día en que entró en vigencia la Ley de Garantías de cara a las elecciones regionales que se llevaron a cabo el 29 de octubre de ese año.
Las indagaciones del caso, llevadas a cabo por el Grupo Investigativo de Delitos contra la istración Pública de la Fiscalía, señalaron que el contrato, cuyo objeto era el mantenimiento de la malla vial, se tramitó bajo la modalidad de contratación directa. Sin embargo, de acuerdo con el ente acusador, esta figura se utilizó como una maniobra para eludir procesos públicos de contratación más transparentes.
Estas acciones ocurrieron apenas dos semanas después de que el entonces secretario Torres asumiera el cargo, en medio de las renuncias masivas de varios del gabinete distrital para unirse a la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Con esta diligencia, ya son al menos 39 los exfuncionarios de la istración de Daniel Quintero imputados por diferentes hechos. Cabe recordar que, en el caso del exmandatario, la audiencia se retomaría el próximo 21 de abril, mientras el despacho analiza los elementos entregados por la Fiscalía para definir la legalidad de la imputación, pues varios abogados defensores de los implicados aseguraron que la intervención de la fiscal no fue clara ni presentó adecuadamente los hechos jurídicamente relevantes del caso.
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