Estado reconocerá su responsabilidad por hechos de violencia contra Comunidad de Paz de San José de Apartadó. La población y el Gobierno nacional llegaron a un acuerdo que da fin a este litigio internacional ante la CIDH tras 25 años.
Tras más de dos décadas de litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado colombiano y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó llegaron a un acuerdo que pone fin al proceso y sienta compromiso para el reconocimiento de responsabilidades y la reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó se constituyó en 1997 como una iniciativa de población civil que decidió no colaborar con ningún actor armado durante el conflicto. Sin embargo, desde entonces, sus denunciaron ser víctimas de asesinatos, desplazamientos y otras violaciones a los derechos humanos por parte de agentes estatales, grupos paramilitares y guerrillas.
César Palomino, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), quien representó al Estado en las negociaciones, manifestó que el Estado garantizará la reparación integral, además de que se comprometió a adelantar acciones para preservar la memoria y avanzar en las investigaciones judiciales. A la par, el sacerdote Javier Giraldo, defensor de derechos humanos, se refirió a lo que ha vivido hasta hoy esta población del Urabá antioqueño.
"En Urabá, en la Comunidad de Paz de San José, cuando se desmovilizaron las Farc, tomó posesión de todas las veredas el Clan del Golfo. Después de habernos asesinado a dos personas el mes pasado, ahora inicia la Asamblea diciendo hay que acordar cómo vamos a suprimir, a eliminar a la Comunidad de Paz", manifestó Giraldo.
Los compromisos del Estado fueron un acto de reconocimiento de responsabilidad, y la creación de un grupo especial de fiscales y del CTI, encargado de acelerar las investigaciones penales relacionadas con los delitos que se cometieron contra ellos.
También la publicación de un libro que documenta su historia y monumentos que se construirán para rendir homenaje a las víctimas de la violencia, en memoria de las pérdidas sufridas por la comunidad. Además, se instalarán placas, murales y otros elementos en espacios designados para preservar la memoria histórica de las víctimas y educar a futuras generaciones sobre los hechos ocurridos. Finalmente, la Defensoría del Pueblo presidirá una comisión independiente que evaluará las investigaciones realizadas y propondrá recomendaciones al Estado.
En el año 2000, representantes de esta comunidad llevaron su caso al Sistema Interamericano de Justicia, denunciando la falta de garantías por parte del Estado colombiano.
Vale la pena recordar que en noviembre pasado, integrantes de esta Comunidad de Paz fueron blancos de amenazas de grupos armados, especialmente el Clan del Golfo, que hacen presencia en el territorio. Este tipo de realidades obligó durante el 2024 al desplazamiento de 22 familias, por temor a que se repitan hechos como los de marzo, cuando se registró un doble asesinato en una finca conocida como Las Delicias en jurisdicción de la vereda La Esperanza.
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