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En máximo dos meses debe resolverse pleito por cerca de 10 billones de pesos, entre EPM y consorcios de etapa 1 de la central Hidroituango, por presuntas responsabilidades de la emergencia ocurrida en el año 2018, que generaron sobrecostos en su construcción.
Aunque en el año 2021, Empresas Públicas de Medellín y la aseguradora Mapfre, llegaron a un acuerdo de pago para cancelar el saldo del seguro todo riesgo, por la emergencia ocurrida en el año 2018, cuando iba a entrar en operación, donde se acordó el pago de 4,3 billones de pesos, el alcalde del momento, Daniel Quintero, decidió instaurar una demanda ante la justicia ordinaria con una pretensión de $9,9 billones por los presuntos daños causados a EPM, cuyo valor de la obra a 2023 era cercano a los 20 billones de pesos.
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Aunque con el acuerdo se puso fin a la reclamación por la contingencia de Hidroituango, que se inició en abril de hace seis años, el exalcalde insistió que el Consorcio CCC Ituango, también debía responder porque presuntamente los contratistas habrían cambiado los diseños y utilizaron materiales de baja calidad.
El consorcio estaba conformado por las empresas Conconcreto, Camargo Correa Infra y Coninsa Ramón H, quienes tenían diferentes trabajos de obra en las turbinas 1 a la 4 de Hidroituango, sin embargo, la istración Municipal los empaquetó en un mismo litigio, para que respondan según sus responsabilidades.
Por eso, allí también entran el Consorcio Ingetec y Sedic, encargados de la interventoría e Integral ingenieros consultores, quienes hicieron los diseños.
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Luego de varios años y de cumplirse varias etapas a más tardar en el mes de enero de 2025, se deberá conocer el fallo del laudo arbitral de un tribunal internacional escogido por las partes, cuyo proceso avanza en la Cámara de Comercio de Medellín, que definirá si hubo o no, responsabilidad de las empresas. Esta decisión es diferente a la demanda en la Fiscalía.
Unas de ellas es Conconcreto, que tenía una participación del 35 % en el Consorcio CCC Ituango, y que ha señalado desde el momento de conocer de la demanda, que si el fallo es condenatorio, representa un riesgo financiero para esta compañía antioqueña, que adelanta varios proyectos a nivel nacional.
Esta compañía en el año 2022, notificó un acuerdo de reorganización, al que llegó por el fallo adverso de $4,3 billones de pesos, en primera instancia, por parte de la Contraloría General de la República.
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Ante este panorama, en el año 2021, el consorcio activó una cláusula de mecanismo de arbitraje, que es más confidencial y por eso no se conocen los montos, por lo que se mantiene una gran expectativa en la decisión del arbitraje, que deberá definir presuntas responsabilidades.
En este centro de arbitraje, también avanza un proceso donde la Gobernación de Antioquia, como socio mayoritario demandó a EPM por no cumplir varios hitos, luego de la emergencia en 2018.
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