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La abogada y veedora ciudadana Gloria Jaramillo se refirió en Mañanas Blu a las presuntas irregularidades en el manejo del Lote Aguas Vivas, un predio de aproximadamente 15 hectáreas en Medellín, cuyo uso del suelo fue modificado por decreto durante la istración del exalcalde Daniel Quintero.
"Daniel Quintero usurpa funciones del Concejo y firma un decreto en el que cambia el uso de suelos. Este predio se vuelve ahora para desarrollar y urbanizar, este acto le va a dar la imputación. Tenía que ser facultad del Concejo, él usurpó esa función y en un cambio de destinación que favorece a un tercero", explicó Jaramillo.
La veedora también se refirió a los intereses de Luis Pérez, exgobernador de Antioquia, quien interpuso una demanda de nulidad contra el decreto que revirtió la modificación del uso del suelo.
"Luis Pérez, con sus empresas y familiares, piden la nulidad del acto que decreta el anterior decreto, diciendo que es el favorecido. Ahí se cierra ese círculo para identificar quién es el beneficiado y a favor de quién se están tomando esas decisiones", aseguró Jaramillo.
Además, indicó que dentro de la istración de Quintero hubo presión a los funcionarios para que las decisiones se orientaran en una dirección específica: "Había muchas evidencias, fotografías... Que tan profunda sea la relación lo desconocemos. Lo evidente es la presión ejercida por la istración Quintero a los funcionarios para el direccionamiento de las decisiones en todo momento a ese favorecimiento, cambiaron constantemente de funcionarios hasta que hubo alguno que dijo 'venga, yo firmo'", dijo.
Jaramillo también señaló que el cambio en la destinación del predio aumentó significativamente su valor, favoreciendo a terceros: "El costo verdadero de un inmueble como este, con medidas muy grandes y ubicado estratégicamente, depende de la destinación y de lo que se pueda hacer en él. Aquí hay un fundamento también ambiental, este alcalde con su firma lo vuelve urbanizable, un segundo piso de El Poblado en Medellín, generándole un avalúo", añadió.
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Finalmente, la veedora afirmó que las pruebas que sustentarían las irregularidades denunciadas están dentro del expediente correspondiente y que podría configurarse un caso de enriquecimiento a terceros.
"Este acto enriquece a un tercero, por eso la imputación. El enriquecimiento puede ser inmediato o a término de mediano o largo plazo. Todas las pruebas se encuentran en el expediente", concluyó Jaramillo.
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