Las millonaria deuda que tiene el Gobierno nacional por los subsidios de energía en los estratos 1,2 y 3 con comercializadoras de energía como EPM y sus filiales en la país, será revisada la próxima semana por parte de la Contraloría General de la República y la Procuraduría, en una nueva mesa técnica.
Según indicó el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga Pardo, se busca verificar cuánto se ha pagado de los 800.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda se comprometió a girar, en medio de la crisis financiera que afrontan empresas como Afinia.
"La Contraloría y el procurador establecieron una mesa técnica de seguimiento a la que le hemos permitido hacer valoración a los compromisos que estableció MinHacienda para cancelar no menos de 800 mil millones de pesos en estos meses. Hemos convocado para la semana siguiente una nueva mesa de trabajo con el Ministerio de Minas, la UME y la Contraloría y la Procuraduría para verificar que efectivamente los primeros compromisos de pago se hayan cumplido tal como lo prometió o lo ofreció el Ministerio de Minas", detalló Zuluaga.
Vale la pena mencionar que en su momento fue el entonces ministro Diego Guevara el que indicó que este abono se dividirá en tres pagos; 350.000 millones de pesos a finales de febrero, 250.000 millones de pesos en marzo y en abril un abono adicional de 200.000 millones de pesos, para evitar apagones, pero a la fecha se desconoce en cuánto se ha cumplido.
Para el caso del Grupo EPM, recientemente el gerente John Maya Salazar reveló que ha recibido hasta la fecha $250 mil millones de las deudas en subsidios por parte del Gobierno Nacional, y $168 mil millones más que fueron destinados a Afinia.
Pese a los pagos recientes, Maya señaló que el Ministerio de Hacienda se comprometió a realizar un nuevo desembolso por $400.000 millones en el corto plazo.
El anunció se dio en Medellín durante el lanzamiento de un modelo predictivo con inteligencia artificial para la contratación, con el uso de 13.000 fuentes de información y busca la evaluación del riesgo de un contratista antes de adjudicarle un nuevo contrato. Este fue desarrollado por la Universidad de Antioquia.
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