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El 14 de noviembre de 2003, el conflicto y la violencia tocaron a la puerta de Fidel Hernández y de su esposa, Raquel Serna. Ese día, él fue asesinado y su crimen fue vinculado a la multinacional Chiquita Brands Internacional debido a su financiación de grupos paramilitares en la región de Urabá, Antioquia.
Hoy, la viuda narra cómo los paramilitares querían expulsar a su esposo de su tierra, razón principal de su asesinato. Por ese hecho, la familia de Hernández está a punto de recibir una millonaria indemnización como resultado de una demanda contra la empresa en Estados Unidos.
La reciente derrota de Chiquita Brands en una corte de la Florida representa una victoria significativa para nueve víctimas del paramilitarismo, quienes han luchado durante años para que se reconozcan sus derechos y se haga justicia. Desde los años 90, se sabía que la empresa financiaba a los paramilitares, algo que fue confirmado tanto por la justicia colombiana como ahora por la estadounidense. Según Raquel Serna, los paramilitares exigían pagos de Chiquita Brands, y aquellos que se oponían a sus actividades eran brutalmente reprimidos.
Raquel Serna, una de las demandantes que logró vencer a la multinacional, compartió en Mañanas Blu, con Néstor Morales, los detalles del trágico día en que su esposo fue asesinado.
"Salió el 14 de noviembre hacia Apartadó. Unos señores se montaron con él en el chivero y, cuando iban llegando a Apartadó, lo bajaron a la fuerza y lo asesinaron, relató la mujer, quien dijo que su esposo tenía 60 años al momento de su muerte.
Según dijo, su asesinato estuvo directamente relacionado con sus denuncias contra las actividades paramilitares en la región.
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La conexión entre el asesinato de Hernández y Chiquita Brands se descubrió a través de una carta que él mismo escribió denunciando las actividades paramilitares y su impacto en la comunidad. Según Serna, esta carta llegó a manos equivocadas: "Él hizo una carta y la llevó al batallón del Ejército denunciando a los paramilitares, pero ese coronel entregó la carta a los paramilitares".
Esta denuncia puso a Hernández en la mira de los paramilitares, quienes ya tenían interés en las tierras que él y otros campesinos se negaban a vender. La carta mencionaba los nombres y las actividades de los paramilitares, y pocos días después de entregarla, Hernández fue asesinado.
Serna recuerda con dolor cómo advertía a su esposo sobre los riesgos de hacer públicas sus denuncias: "Le dije que esa carta rodando por ahí lo iba a poner en riesgo."
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Tras años de lucha y múltiples audiencias, incluyendo testimonios de exparamilitares como Raúl Hasbún, quien lideraba los grupos en Urabá, la justicia estadounidense finalmente reconoció la responsabilidad de Chiquita Brands en la financiación del conflicto.
La empresa alegó que los pagos se realizaron bajo coerción para proteger a sus empleados, pero el tribunal concluyó que estos fondos facilitaron masacres, homicidios selectivos y el desplazamiento forzado de miles de personas.
Raquel Serna y otras ocho familias están ahora a la espera de recibir una indemnización que podría alcanzar hasta 27 millones de dólares por víctima. Aunque Chiquita Brands ha anunciado su intención de apelar la decisión, la esperanza de justicia y reparación está más cerca que nunca para estas víctimas.
Serna, quien ha vivido en Nueva Colonia, Urabá, toda su vida, expresa una mezcla de alivio y desasosiego. A pesar de la posibilidad de recibir una indemnización significativa, el dolor de perder a su esposo y la carga de criar a sus hijos y nietos sola sigue presente. "Quisiera comprar una casita en otra parte," dice, contemplando la idea de mudarse a Medellín para empezar de nuevo lejos del lugar que fue testigo de tanta violencia.
Escuche la entrevita completa en el siguiente enlace:
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